La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida por un juicio de destitución que está en su fase final, afirmó este jueves que el país precisa una reforma política y unas nuevas elecciones para superar el “desgaste” causado por el proceso en su contra.
EFE
“No es posible tapar el sol con un dedo” y no percibir que “hubo un desgaste constitucional” provocado por el “juicio sin crimen” al que está sometida, dijo a corresponsales extranjeros la mandataria, acusada de irregularidades en el manejo de los presupuestos y otras violaciones de las leyes que regulan el uso del dinero público.
Según Rousseff, “es un hecho” que el “nivel de estrés y desgaste” causado por el juicio político impone un nuevo “pacto democrático basado en el voto popular” y que obliga a anticipar las elecciones previstas para 2018, aunque “respetando” el mandato que recibió en las urnas y reconociendo su “inocencia”.
La propuesta de convocar a un plebiscito para que la sociedad decida sobre unas nuevas elecciones fue incluida en una llamada “Carta a los Brasileños” que presentó esta semana, frente a la fase final del juicio político que comenzará el próximo día 25.
La mandataria insistió en que si se “consuma” su destitución, el país estará frente a una “ruptura democrática”, por lo que insistió en que es necesario consultar a los brasileños sobre su futuro y la posibilidad de adelantar las elecciones.
No obstante, aclaró que, como presidenta elegida en las urnas, ella debería estar al frente de ese proceso, que tendría que incluir además una reforma política, que tenga entre sus objetivos limitar el número de partidos políticos, que hoy supera la treintena.
“No importa la competencia que tenga o no” un gobernante, porque “no es posible negociar con treinta partidos” para que sea aprobada una ley en el Congreso, afirmó Rousseff, quien insistió en que “es necesario reformar este sistema político”.
En forma indirecta, a esa proliferación de partidos atribuyó en parte la pérdida de su base política, que contribuyó a la apertura del juicio de destitución en su contra.
En su opinión, la instauración del proceso se debió, en parte, a que sectores del “centro progresista” que la apoyaron se desplazaron “hacia la derecha” y promovieron el juicio “para imponer un programa de Gobierno que jamás sería aprobado” en las urnas y tiene como meta “desmantelar” las mejoras sociales registradas durante su gestión.
Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando fue instaurado el proceso, y desde ese mismo día la sustituye el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, quien en caso de su destitución completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
El proceso contra la mandataria entrará en su etapa definitiva a partir del 25 de agosto próximo, cuando el pleno del Senado iniciará una serie de audiencias que concluirán con la votación final sobre su responsabilidad en los asuntos que fundamentan las acusaciones.
Según calcula el Tribunal Supremo, garante constitucional y corresponsable del proceso, ese trámite puede durar unos cinco días, al cabo de los cuales Rousseff será despojada del cargo si así lo decidiera una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios del Senado.
Por el contrario, si fuera absuelta, recuperaría el poder, con lo cual Temer quedaría relegado a una vicepresidencia que se considera inviable, pues está públicamente enemistado con la mandataria, que le acusa de “traidor” y “golpista”.