“Hay una responsabilidad política, porque los que manejan los destinos de la Nación, corren con la responsabilidad de todo cuanto aconteció… ” Esto lo dijo José Vicente Rangel en 1979 durante el debate parlamentario sobre el caso Sierra Nevada en el que su voto fue crucial para salvar la presidencia de Carlos Andrés Pérez. JVR no se acordó de su propia cita en la conversación televisada que sostuvo el domingo 14 de agosto con el ex presidente de Pdvsa.
Rafael Ramírez Carreño no puede decir que no tiene ninguna responsabilidad en el saqueo que sufrió Pdvsa bajo su mandato de diez años. Es mentira que ignoraba lo que pasaba porque tenía el control total a través de los familiares y amigos que colocó en puestos claves de la industria. La red incluía primos, sobrinos, hermanos, compañeros de estudios y parientes políticos. Los apellidos Ramírez, Salazar, Carreño, Sansó, Rodríguez, Luongo, Demari, conforman el entramado nepótico que arruinó a Pdvsa.
Aduce Ramírez que ni Pdvsa ni él tenían cuentas en Banca Privada de Andorra. No hacía falta. Las tenían su testaferro Diego Salazar y casi todos los integrantes de esta red de corrupción. Las millonarias cuentas fueron abiertas tanto en la sede central de Banca Privada de Andorra como en las sucursales de España (Banco Madrid) y Panamá, como está suficientemente documentado en las investigaciones de las autoridades financieras del Principado, EEUU y España.
El caso del desaparecido BPA y sus sucursales en Madrid y Panamá, así como la clandestina oficina que mantenía en Caracas, es especialmente relevante por lo que expone de la corrupción en Pdvsa.
En 2012 – tres años antes de la decisión del Departamento del Tesoro de EEUU que culminó con el cierre del banco- la unidad de inteligencia financiera de Andorra solicitó congelar las cuentas de la red de Ramírez acusando de lavado de dinero a sus miembros, entre ellos a Omar Farías – otro beneficiario de los seguros de Pdvsa – hoy enjuiciado en República Dominicana bajo el mismo cargo.
En ese momento, a Diego Salazar le bloquearon una cuenta personal con 200 millones de dólares. En ella recibía las “comisiones” de las empresas chinas contratadas a través del Fondo Chino-Venezolano bajo el control de Rafael Ramírez. Los acuerdos de préstamo de China a Venezuela obligan a la nación a comprar bienes y servicios a compañías chinas. Salazar era el “representante” de dichas empresas ante el Fondo, como él se definió durante el proceso para desbloquear las cuentas. En el Fondo Chino Venezolano no se movía una hoja sin pasar por las manos de los primos que se pagaban y daban el vuelto.
En 2014, con el apoyo de millonarios bufetes de abogados internacionales que pagó con el dinero robado a todos los venezolanos, Salazar logró que le descongelaran la cuenta e inmediatamente transfirió el dinero a un banco en Hong Kong. Las autoridades de Andorra no habían podido comprobar el origen ilícito del dinero debido a que en Venezuela no había ninguna investigación abierta contra Diego Salazar. Sin embargo, este año las mismas instituciones andorranas emitieron una rogatoria a las autoridades francesas solicitando congelar cuentas y bienes de Salazar y Omar Farías en ese país. El caso sigue abierto.
Ramírez nunca explicó a la opinión pública su relación con el escándalo que se produjo en 2009 cuando su nombre apareció relacionado con unas cuentas del Ocean Bank de Miami. Niurka Sánchez, la oficial de cumplimiento del banco de dueños venezolanos, denunció ante la unidad de inteligencia financiera de EEUU – Fincen- varias operaciones sospechosas de las cuentas de un abogado venezolano que justificó el origen de sus millonarios fondos como “honorarios por consultas legales de Rafael Ramírez”. Los fondos eran depositados en el Ocean Bank y luego transferidos inmediatamente a cuentas en Suiza y Luxemburgo.
Ramírez también entregó a su primo y principal testaferro Diego Salazar Carreño las millonarias cuentas de los seguros y reaseguros de la petrolera. Los manejos delictivos en este área quedaron en evidencia con la tragedia de Amuay, donde la República tuvo que asumir millonarios costos porque Pdvsa no estaba apropiadamente asegurada para el momento. Es solo la punta del iceberg de las cientos de irregularidades perpetradas en este sector.
Como si fuera poco, Ramírez le dió a su primo Salazar y a su cuñado Baldo Sansó el control de las altas finanzas de la petrolera, lo que terminó en los conocidos fraudes con los fondos de pensiones de los trabajadores, con multimillonarias operaciones cambiarias irregulares y con oscuras colocaciones en bancos como el Espírito Santo.
Rafael Ramírez debe responder por todo lo que autorizó. No puede desentenderse de las irregularidades de Bariven, ni del desastre de Pudreval en la importación de alimentos ni de la incapacidad y corrupción con los contratos de la emergencia eléctrica donde hay inclusive declaraciones de prensa de ex altos funcionarios acusando directamente a Ramírez de haber impuesto a contratistas involucrados en millonarios casos de sobornos e incumplimiento de contratos.
Como presidente de la empresa y ministro de Petróleo y Minería, Ramírez tiene toda la responsabilidad política sobre la ruina de Pdvsa. En la larga lista de culpas figura además el haber designado y mantenido en sus cargos a individuos señalados en actos de corrupción sin haber iniciado nunca una investigación interna de la que se tenga conocimiento.
No es un secreto que Ramírez tiene ahora aspiraciones presidenciales. Es lo que llaman “huir hacia adelante”, seguramente para evitar futuras investigaciones. Para impulsar su candidatura dentro de un chavismo agotado, y una Venezuela que se cae a pedazos, está utilizando a María Gabriela Chávez, también representante de Venezuela ante la ONU.
La Comisión de Contraloría de la AN prepara un informe sobre las irregularidades en la gestión de Ramírez que será presentado en la plenaria y seguramente enviado posteriormente al Ministerio Público.
Uno de los peores actos de corrupción de Ramírez es haber entregado Pdvsa a una parcialidad política. La Pdvsa “roja rojita” le permitió enriquecerse grotescamente. Venezuela recuperará lo que le robaron, de eso estamos seguros. Más difícil será recuperar a Pdvsa para todos los venezolanos.
Por todas estas razones y muchas más, vamos todos a la calle este 1 de Septiembre para reclamar nuestro derecho a revocar este nefasto presidente, a revocar la corrupción.