Cuarenta y cuatro organizaciones civiles y sociales exigieron al CNE el establecimiento de una fecha en 2016 para la consulta al pueblo mediante referendo, por ser la mejor forma de superar la crisis de gobernabilidad que afecta hoy la vida de los venezolanos. Así mismo, exigieron la concreción, mediante el calendario respectivo, de las elecciones regionales que es una demanda social que late en el corazón del pueblo y cuya realización en 2016 es de obligación constitucional.
Nota de prensa
Organizaciones que trabajan una diversidad de temas de la vida social del venezolano como salud, educación, participación vecinal, derechos humanos, libertad de expresión, justicia, lucha estudiantil, se dieron cita este domingo 28 de agosto a las 11am en un hotel capitalino, para dar una rueda de prensa con la finalidad de exhortar a los ciudadanos a participar con entusiasmo, con ciudadanía pero con convicción y determinación, a la marcha de este 1 de septiembre.
Los motivos que mueven a las 44 organizaciones para hacer este llamado fueron resumidas en tres áreas: Referéndum, ayuda humanitaria ya y marcha pacífica y rechazo a la violencia.
La primera en tomar la palabra fue Angélica Machado integrante de Ciudadanía Activa, quien hizo un repaso sobre todo el proceso de solicitud de referéndum para que el pueblo en esa consulta nacional pueda decidir sobre la conformación del poder político y el destino de la nación. Recordó que el 9 de marzo se hizo la solicitud y que a partir de allí el CNE no ha hecho sino poner obstáculos que han ocasionado ya un retraso en el proceso de 78 días y todavía no se ha fijado la fecha para que se recoja el 20% de la firmas. Denunció que algunas de las rectoras están planteando que tiene que ser el 20% por estado, lo que violaría la Constitución por cuanto el referéndum se refiere al presidente de la República que fue electo en unas elecciones de carácter nacional no por regiones. Enfatizó que cada obstáculo que pone el CNE para la realización del referéndum se cuenta en vidas humanas que se pierden por falta de medicinas, por inseguridad, por la desnutrición que están padeciendo los venezolanos.
Ana Rosario Contreras del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Distrito Capital expresó, en nombre de todas las organizaciones, que la Toma de Caracas tenía que servir para exigir se acepte el proceso de ayuda humanitaria ya, rechazando las mentiras de las ministras de salud que afirman que los problemas en esa área son puntuales, por lo que era de suma importancia convocar a la sociedad en pleno a la marcha, porque el poder ciudadano debe prevalecer revocando el miedo para hacer cumplir la constitución y para que se declare la ayuda humanitaria ya.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, tomó la palabra y afirmó que todos tenían sobradas razones para ir a marchar el 1 de septiembre y que el espacio de encuentro de los venezolanos será en las calles de Caracas. Su mensaje estuvo dirigido, en primer término a las Fuerzas Armadas Nacionales, no solo a los altos mandos que deben garantizar los derechos ciudadanos a la protesta, a la manifestación y que deben dar garantías a los que estarán en la calle para que puedan hacerlo en paz, sino también a los soldados, a la policía, a las fuerzas del orden público, que deberán decidir entre la mIvonnujer que tienen frente a ellos que no tiene comida que darle a sus hijos o la orden de un superior que violente el derecho a la manifestación.
En segundo término su mensaje estuvo dirigido al ciudadano que va a marchar para que lo haga en paz. Afirmó que las pasiones estaban a flor de piel pero que ellas debían ser canalizadas y que había que marchar con una profunda actitud pacífica, no responder a agresiones ni a provocaciones porque se estará ejerciendo un derecho de manifestar en paz y con disciplina para que se dé la consulta al pueblo mediante referéndum.
Cerró la rueda de prensa Silvia Alegrett para leer la declaración que respaldan las 44 organizaciones civiles y sociales que será entregada a la OEA, la ONU y a los parlamentos Latinoamericano, Andino, y del Mercosur, y en donde se anuncia que se solicitará una audiencia formal al representante en Venezuela del PNUD y del Sistema de Naciones Unidas a los fines de hacer entrega en sus manos de dicha comunicación que también será remitida al parlamento europeo.