Insalubridad, hacinamiento, epidemias y hambruna son algunos de los problemas que padecen 62 privados de libertad en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Sucre, por lo que expertos en materia de derechos humanos consideran que esta situación puede ser catalogada como un estado de emergencia.
Nota de prensa
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que la sede de la policía científica en Cumaná no cuenta con la infraestructura para albergar a esta cantidad de reclusos, aunado a que los funcionarios del Cicpc no están debidamente capacitados en cuanto al resguardo de los reos, emergencias intramuro y otros protocolos penitenciarios, pues su principal función, para la que incluso cursan años de estudios, es la investigación criminal.
En ese sentido, enfatizó que los funcionarios policiales son más propensos a incurrir en trasgresiones de los derechos humanos de los privados de libertad, pues a diario deben lidiar con situaciones para las cuales no han sido preparados. “Familiares y allegado de los reos que permanecen en el Cicpc de Cumaná aseguraron que el clima de tensión entre funcionarios y reclusos es una bomba de tiempo, situación que reiteradamente hemos denunciado en todos los centros penitenciarios del territorio nacional”.
“Incluso, los mismos familiares denunciaron que los cuerpos de seguridad se limitan a ejecutar órdenes de aprehensión contra peligrosos criminales, pues no tienen donde recluirlos”, añadió. Cabe destacar que desde hace más de 15 días, la subdelegación del Cicpc en Cumaná se encuentra técnicamente paralizado, pues no cuenta con el sistema Iuris del cual dependen los traslados, fijación y desarrollo del proceso penal.
“En estos calabozos sobreviven hombres que tienen más de seis meses esperando por sus audiencias preliminares, otros con más de cinco meses esperando la apertura de juicio, e incluso hay penados que solo esperan una firma autorizada del Ministerio de Servicios Penitenciarios para ser trasladados a otros centros de reclusión”, añadió el director del OVP.
Entretanto, Prado hizo un llamado la Defensoría del Pueblo, jueces de ejecución del Poder Judicial y Defensoría Pública para que impulsen e intercedan en pro del desalojo inmediato de estas instalaciones, ante el organismo responsable de la custodia de las personas privadas de libertad, quienes deberían ser trasladadas al Internado Judicial de Carúpano.
Es importante resaltar que la sede de la Policía del estado Sucre en Carúpano se encuentra bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte de 10 reclusos durante un incendio provocado dentro de una radiopatrulla que fungía como calabozo; en tanto, es evidente que el director de la Policía de Sucre no ha cumplido con los requerimientos de esta organización de carácter internacional.