El abogado, exparlamentario y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, señaló que entre el 31 de agosto y el 1º de septiembre, fecha en la cual la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una marcha para exigir activación de Referendo Revocatorio, ocurrieron violaciones sistemáticas de Derechos Humanos contra ciudadanos que acudieron de diversas regiones a la capital del país para ejercer masivamente sus derechos políticos.
Señaló que ante las obstrucciones al libre tránsito por parte de organismos de seguridad, en especial la Guardia Nacional (GN) la detención son ordenes de aprehensión realizadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los asaltos masivos, robos y golpes que recibieron los manifestantes durante el retorno a sus lugares de origen y las amenazas del presidente Nicolás Maduro de allanar inmunidad parlamentaria de los diputados nacionales, se desarrolló una ola de violaciones a derechos fundamentales y a la Constitución nacional, sin que hubiera una actuación del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Narváez dijo que, ante este panorama, no solo se debía revisar la actuación del Sebín como policía política del actual Gobierno, sino que se debe actuar para su regulación, puesto que ejecutaron detenciones sin órdenes de tribunales y sin investigación previa por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, ente facultado legalmente para ejercer tales acciones. Agregó que “aquí no hubo Defensor del Pueblo, hubo deportación a periodistas internacionales y aquí no pasó nada, obligaron a periodistas a irse a pesar de que vinieron a cubrir un evento público” recordó.
Revisión a salud mental presidencial
El exparlamentario sugirió al presidente Nicolás Maduro hacerse una revisión a su salud mental, pues debido a los pronunciamientos realizados durante el acto político oficialista realizado en Caracas, Narváez consideró que el Presidente mermó en sus facultades psicológicas para ejercer el mandato del país al emitir “un discurso escatológico”.
Indicó que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados nacionales no sería decisión presidencial sino del electorado que los eligió el pasado 6 de diciembre y que debe ofrecer disculpas por la emisión de groserías al presidente de la Asamblea nacional, no hacia la persona de Henry Ramos sino a los electores que decidieron que el diputado los representara ante el Poder Legislativo.