El Centro para la Democracia en las Américas denunció este jueves una fuerte escalada represiva en Venezuela, mayor a la ocurrida en el mes de febrero de 2014
A través de un comunicado, el CDDA expresó su “especial preocupación” las actuaciones del Gobierno venezolano durante este año.
Afirma que el gobierno, combinado con el Tribunal Supremo de Justicia bajo su control, han hecho lo imposible por despojar ilegítimamente de sus facultades constituciones a la Asamblea Nacional”.
A continuación el comunicado completo:
El Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA) ha venido trabajando a lo largo de una década con activistas de derechos humanos en Venezuela. Este año ha sido de especial preocupación, como lo fue el 2014, momento en el cual denunciamos que hubo más de 3000 detenciones que han culminado en el arbitrario encarcelamiento del líder y ex candidato Presidencial Manuel Rosales, el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López, el ex-Alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y un centenar de dirigentes políticos y estudiantiles.
Este año el gobierno, combinado con el Tribunal Supremo bajo su control, han hecho lo imposible por despojar ilegítimamente de sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición desde el 6 de diciembre de 2015. Estos esfuerzos del gobierno incluyen el desaforo de 3 diputados que consolidan la mayoría calificada de la oposición en ese cuerpo legislativo y permite la toma decisiones vitales para alcanzar salidas constitucionales que exigen los partidos de la Mesa de Unidad Democrática.
A ese desmedido esfuerzo de despojo contra la Asamblea Nacional se suman amenazas de enjuiciamiento a sus miembros, en especial su Presidente el Diputado Henry Ramos Allup, culminando en declaraciones del propio Presidente Maduro sobre su intención de pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la posibilidad de desconocer la inmunidad parlamentaria de la que gozan constitucionalmente los diputados, y la mas reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos todos los actos de la Asamblea Nacional en tanto se encuentren incorporados a esta los 3 diputados desaforados. De igual manera, se destaca el deliberado esfuerzo por impedir el referendo revocatorio constitucional cuyo proceso de convocatoria se encuentra legalmente activado y en dilatada tramitación por parte del Consejo Nacional Electoral.
La contundente manifestación popular del pasado 1 de septiembre y las manifestaciones de repudio al Presidente en la población de Villa Rosa, en el Estado Nueva Esparta, han desatado nuevas acciones represivas contra líderes de oposición y de la prensa libre que todavía resiste en el país. En menos de dos semanas se han allanados sedes del partido Voluntad Popular, detenido a dirigentes políticos como Yon Goicochea, Carlos Melo, los alcaldes Nelson Guarate, Orlando Hernández, Pedro Loreto, y el Editor del medio Reporte Confidencial Braulio Jatar Alonso, quien detenta nacionalidad venezolana y chilena, razón por la cual se han activado mecanismos de intervención diplomática que contribuyen a un mayor deterioro de las relaciones del gobierno de Venezuela con los países de la región latinoamericana.
El caso del Editor Jatar Alonso exige una especial denuncia de parte de nuestra organización. Para eludir la responsabilidad que acarrea esta forma de represión política y restricción de la libertad de prensa, el gobierno manipula junto a la fiscalía el proceso para criminalizar la disidencia. En este caso, el gobierno luego de mantener el vehículo del indiciado bajo su control por más de 24 horas de arbitraria detención del editor y periodista, le imputa el delito de legitimación de capitales basado en el hallazgo de efectivo que supuestamente encontraron en su vehículo, en lo que parece una operación de “siembra fraudulenta” de evidencias.
En el mes de julio la Organización de Estados Americanos escuchó el informe del Secretario General Luis Almagro sobre la situación Venezolana y su recomendación de aplicar soluciones a la crisis venezolana en el marco de la Carta Democrática Interamericana. La red de organizaciones y activistas de derechos humanos del CDDA considera oportuno reasumir el curso propuesto por el Secretario General Almagro dado el agravamiento de las circunstancias, y exige la liberación inmediata de los dirigentes políticos y el editor detenido.
En Washington, DC el 6 de septiembre de 2016.