Ante la crisis del país, el desabastecimiento y la inflación, la disminución del apoyo político y la presión por el referéndum revocatorio el gobierno responde con más represión, afirman los politólogos John Magdaleno y Luis Salamanca. Desde el 29 de agosto han aumentado las detenciones a dirigentes políticos, comunicadores y ciudadanos en general, publica El Nacional.
SOFÍA NEDERR
SNEDERR@EL-NACIONAL.COM
AYATOLA NÚÑEZ
ANUNEZ@EL-NACIONAL.COM
“El Ejecutivo sabe que la amenaza es real, la pérdida significativa de respaldo político desde 2013 y una creciente amenaza de desalojo del poder ha llevado a una represión selectiva no solo del gobierno, sino también de las instituciones del Estado. Hay una pérdida de gobernabilidad, se exhibe ineficacia y no se puede responder a los problemas económicos, mientras el país afronta la inseguridad y una fuerte inflación”, afirmó Magdaleno.
Añadió que el gobierno se cuida de no desplegar acciones de represión indiscriminada por el riesgo político, el impacto y las sanciones que conlleva la violación de derechos humanos. Considera que esa es la razón por la que no hubo represión el día de la Toma de Caracas.
“Estamos ante un autoritarismo competitivo que empieza a desplazarse hacia un autoritarismo clásico, lo que se traduce en mayor vulneración de las garantías democráticas y de los derechos humanos. Se actúa de forma más severa. Vemos la anulación de las competencias del Parlamento, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial. Se siembran explosivos a dirigentes de la oposición, acusados de planificar un golpe de Estado, se criminaliza la protesta”, subrayó Magdaleno.
Salamanca ratificó el criterio de la represión selectiva: “Una represión indiscriminada no sería comprensible y significaría el anuncio de la llegada de una virtual dictadura; aunque aquí hay patrones empleados por Marcos Pérez Jiménez y que no son propios de gobiernos elegidos democráticamente. En la medida en que el gobierno vea menos apoyo, podría darse una razzia; el gobierno sabe que se le agotó el gas electoral”.
Señaló que uno de los blancos de la represión selectiva es el partido Voluntad Popular, organización de la que han sido detenidos varios dirigentes. Cree que los ataques a la organización obedecen a que es la más radical de la Mesa de la Unidad Democrática. Destacó que el gobierno vio la oportunidad de avalar sus denuncias tradicionales sobre el golpe de Estado y la posibilidad de tener elementos para inhabilitar a VP.
Salamanca acotó que en las detenciones a la disidencia no suele haber pruebas de los delitos. Considera que pese al sentido que se le ha pretendido dar, la protesta de Villa Rosa, localidad del estado Nueva Esparta, representó una señal de la desestabilización del gobierno.
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y de Derechos Humanos de la MUD, aseguró que los ataques no frenan el cambio. Insistió en que la oposición no pretende dar un golpe de Estado y tildó de ensañamiento la persecución contra Yon Goicoechea, Carlos Melo, Delson Guarate, Warner Jiménez y Lester Toledo.
Contradicciones. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, atribuye la escalada represiva a un nuevo intento por desviar la atención del esfuerzo ciudadano en la promoción del revocatorio. “La situación de ser minoría ha incomodado al gobierno y ha tumbado mitos fundacionales que sustentan su legitimidad. El gobierno quiere mantener invisible la indignación ciudadana, pero no lo logró con la expresión popular en Villa Rosa”.
Uzcátegui indicó que en medio de las señales de represión, el malestar del funcionariado se refleja en algunas contradicciones. Aseguró que así lo evidenció el Ministerio Público al solicitar la libertad del comunicador Alejandro Puglia, detenido por usar un dron el 1 de septiembre, que fue negada por la juez de Control Yesenia Maza.
Cree que los gestos del defensor del Pueblo han sido más tímidos, sobre todo ante los casos de detenciones arbitrarias como las de Puglia, Yon Goicoechea y Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial. Anunció que varias ONG emitirán un exhorto, en los próximos días, para advertir a los funcionarios de la responsabilidad penal en la violación de derechos humanos, por lo que no pueden argumentar el acatamiento de órdenes.
Documentan los casos de represión para elevarlos ante instancias internacionales. “En 1993, Provea fue a Yare para conocer la situación de Hugo Chávez y se permitió el ingreso de abogados pese a que había cometido un golpe de Estado”, recordó Uzcátegui.
EL DATO
El politólogo John Magdaleno señaló que durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú hubo hechos de represión selectiva. La política se tradujo en el uso de tribunales como brazo político para criminalizar a los opositores y el empleo del aparato de inteligencia del Estado contra dirigentes gremiales y medios de comunicación, entre otros sectores. En 2009, Fujimori se convirtió en el primer mandatario latinoamericano, elegido democráticamente, en ser condenado por violación de derechos humanos.