En su última reunión antes del inicio del período de sesiones ordinarias, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional acordó investigar las recientes acciones del Poder Judicial que en la práctica dejan sin efecto decisiones del Ministerio Público.
Nota de prensa
Esta instancia legislativa también acordó designar el Comité de Postulaciones para la elección de dos rectores del Consejo Nacional Electoral durante su sesión de instalación del próximo período de sesiones ordinarias, el venidero martes.
Este último punto fue abordado por el diputado Stalin González (Unidad- Dtto.Capital), quien informó que el día viernes terminó el proceso de inscripción y postulaciones de las organizaciones que quieren ser parte del Comité de Postulaciones.
Precisó que hubo cuarenta inscritos entre los cuales se nombrarán a los diez ciudadanos que integrarán el Comité de Postulaciones.
En el segundo punto del Orden del Día, el diputado Ismael García (Aragua/Unidad), tras un derecho de palabra propuso que la Comisión de Política Interior investigue las recientes actuaciones del Poder Judicial que en la práctica anulan las decisiones del Poder Público, así como el reciente nombramiento del general Carlos Osorio.
En su intervención, el diputado García manifestó que observó con estupor la designación del general Osorio como Inspector General de la FAN cuando la plenaria ordenó una investigación frente a hechos gravísimos sobre el manejo de compra de alimentos en el país. De acuerdo con la Memoria y Cuenta, presentada al Parlamento, el Gobierno Nacional dispuso para importaciones 27 mil 500 millones de dólares, de los cuales cerca de 60% estaba destinado a la compra de alimentos.
Destacó que se hizo una investigación y en dos oportunidades se citó a Osorio, pero nunca asistió. En consecuencia la Asamblea Nacional determinó contra el funcionario un voto de responsabilidad política.
Agregó que frente a los hechos denunciados, su repuesta fue pedir sanciones en los tribunales contra los denunciantes.
También manifestó su asombro ante las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien anunció que entre las responsabilidades del general Carlos Osorio estará las de ayudar, asesorar y apoyar la Gran Misión Alimentación.
Al respecto denunció que el gobierno premia la corrupción, e implementa medidas coercitivas contra la inmensa mayoría de los dirigentes de la oposición, y se persigue, amenaza y encarcela a alcaldes.
El otro punto abordado por el diputado Ismael García correspondió a la decisión de la jueza Joseline Flores de suspender el código de Interpol para apresar a quien fuera enfermera del fallecido Presidente Hugo Chávez y Tesorera General de la República, Claudia Patricia Guillén, sobre quien pesan denuncias por corrupción.
Propuso que la Comisión Delegada solicite a la Fiscalía General de la República el estatus de la investigación y asimismo que se solicite explicaciones al ministro de la Defensa sobre la designación del general Osorio, cuando hay oficiales honestos que puedan ocupar el cargo.
Por su parte la diputada Delsa Solórzano (Miranda/Unidad), señaló la importancia de los casos denunciados por el diputado Ismael García porque, a su juicio, se evidencia cómo además del TSJ, que pasa por encima de las decisiones del pueblo (representado en la Asamblea Nacional) también el Poder Judicial, en forma irregular, pasa por encima de las decisiones del Ministerio Público.
Se refirió en concreto al caso de la ex tesorera, contra quien había orden de captura y código rojo de la Interpol solicitado por el Ministerio Público. Dijo que la decisión de la jueza, dejando sin efecto estos procedimientos, viola la ley, la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal, y en este sentido manifestó su apoyo a la solicitud del diputado García, de respaldar el estado de derecho y la separación de poderes. Agregó que desde la Comisión de Política Interior se pueden adelantar las investigaciones.
Finalmente el diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital), presidente de la Asamblea Nacional, intervino en el debate para precisar que la renuencia de reconocer a la AN como poder autónomo, y para el cual el régimen se ha valido del TSJ, es simplemente una especie de guarimba para proteger al funcionario público de cualquier tipo de investigación.
“En cada investigación que se ha planteado en la Asamblea Nacional hemos cumplido rigurosamente los pasos establecidos en la Constitución y en la Ley para procurar la citación, la comparecencia y, la actitud única y constante, ha sido la negativa”, expuso el asambleísta.
Atribuyó Ramos Allup esta negativa a que no tienen explicaciones que dar. Dijo que ante el cúmulo de pruebas de corrupción y de vinculaciones con el narcotráfico así como de haber esfumado grandes cantidades de divisas extranjeras y al no poder explicar lo inexplicable, optaron por inventar el ardid de desconocer a la AN como poder autónomo.
Se acordó finalmente remitir los casos denunciados a la Comisión de Política Interior para que continúe las investigaciones y proceda a las citaciones a que hubiere lugar.