El abogado, exparlamentario y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, aseguró que la aplicación de tres Estados de Excepción de forma consecutiva por parte del Ejecutivo nacional fue negativo y “solo agudizó el hambre y la represión”.
Nota de prensa
Señaló que, lejos de ayudar a mejorar la crisis económica y social que atraviesa el país, incrementó las colas por alimentos y medicinas, la actuación ilegal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la censura a organismos electos y legítimos como la Asamblea Nacional (AN).
Deploró que la renovación de este Estado de Excepción por cuarta vez, ocurrido este jueves 15 de septiembre por el Poder Central, se diera en el marco de la celebración del Día Internacional de la Democracia, fecha en la cual el Gobierno apresó a dirigentes de Primero Justicia en Zulia. Aunado a esta situación, apuntó que el escenario del país incluye muertes en colas por comida y represión por parte de organismos de seguridad para todos aquellos quienes exigen el derecho a la salud, alimentación y seguridad.
“Este nuevo Estado de Excepción le declara la guerra a muerte a quienes defienden derechos fundamentales, porque hasta ahora este mecanismo amañado solo ha servido para detenciones arbitrarias; es decir, un cuerpo de policía política que allana sin orden judicial, sin investigación previa por Ministerio Público. Y además, mantiene a los detenidos incomunicados, violentando el Código Orgánico Procesal Penal” explicó.
Agregó que en las condiciones excepcionales que estableció el Poder Ejecutivo “se dispararon las desapariciones forzadas, sin comunicación con abogados y familiares, contrariando el derecho al debido proceso, a la defensa y presunción de inocencia. El Estado de Excepción ha sido una herramienta para condenar y actuar de forma ilegal. No olvidemos que la libertad es el primer derecho universal fundamental, después del derecho a la vida” manifestó.
El activista indicó que en este escenario en el cual a través de decretos se restringe de manera ilegal la actuación de la Asamblea Nacional (AN) como poder legitimado ante la ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) violenta la Constitución al no permitir salidas pacíficas y establecidas en la Carta Magna, como el Referendo Revocatorio.