El decreto sobre la explotación del mal llamado “arco minero” constituye un gigantesco crimen ecológico, que significaría la liquidación de Guayana, Amazonas y el Delta, aseguró hoy el Dr. Alexander Luzardo, en una conferencia dictada en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, organizada por la Fundación Pensar en Venezuela. Asimismo, solicitó que dicho decreto sea derogado, tal como lo hizo la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, cuando lo desconoció y lo declaró nulo.
Nota de prensa CIV
El Dr. Alexander Luzardo fue Senador del anterior Congreso de la República, ex Presidente de la Comisión de Ambiente, autor de las Normas Ambientales de la Constitución Nacional, y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Inicialmente refirió el Dr. Luzardo que “el mal llamado arco minero es un decreto emitido por el presidente de la República Nicolás Maduro, el cual pretende destinar el 12 por ciento del territorio nacional a la actividad minera, es decir, 12 millones de hectáreas, extensión comparable con Cuba, más grande que Panamá y varios países europeos”. Manifestó que “esta es una actividad que se desarrollará al sur del Orinoco, en una zona ecológica extremadamente frágil, y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país”.
Precisó que se vería afectada la reserva forestal de Imataca, que tiene 3 millones 800 mil hectáreas. De sus bosques depende en gran parte el equilibrio ecológico del sur de Venezuela; sería afectada la reserva forestal del Caura, con más de 5 millones de hectáreas, decretada como Reserva Forestal por el entonces presidente Rómulo Betancourt en 1961.
“Sería afectado también el monumento natural Wanai, que es un Tepuy decretado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y el cual pertenece al conjunto de tepuyes que se encuentran entre Amazonas y Bolívar. También se afectaría la cuenca estratégica del Caroní, que surte de hidroelectricidad a más del 65 por ciento del territorio nacional. “De tal manera que estamos hablando de biodiversidad, riqueza biológica, del agua, que es un bien insustituible protegido por la Constitución Nacional en su artículo 304 donde se establece que todas las aguas son del dominio público insustituibles para la vida y el desarrollo…
Cualquier otro recurso puede ser prescindible y sustituible, como en el caso del petróleo, y en este sentido, diferentes países están enrumbados hacia la búsqueda de sustitutos ante la realidad del cambio climático. Afectar la Cuenca del Caroní, equivale a aproximadamente 500 mil barriles diarios de petróleo, hablando en términos comparativos de la energía fósil, pero en este caso es energía limpia, y esa cuenca es bendita, sagrada para Venezuela”.
Destacó el Dr. Luzardo que “se trata de un crimen ecológico gigantesco, de un crimen de Estado”. “Como país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente sustentables, como lo están planteando diversos países del mundo, como lo ha manifestado el Papa en su Encíclica, “Hacia un Desarrollo Realmente Sustentable”, pero este proyecto del llamado “arco minero”, significaría la liquidación de la Guayana, el Amazonas y el Delta, la contaminación con mercurio y otros agentes, con daños irreversibles, que producirían el envenenamiento de las aguas y los suelos de esa zona tan frágil. Además, serían afectados los pueblos indígenas y locales del sur de Venezuela”.
De tal manera –expresó- solicitamos que ese decreto sea derogado, tal como lo hizo la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio que tomó la decisión de desconocerlo y declarar su nulidad, porque afecta las últimas reservas de agua limpia no contaminada del país, lo cual es mucho más valioso que cualquier otro recurso.