El lunes pasado, Del Pino declaró a PDVSATV que PDVSA “producirá 200.000 barriles día adicionales de crudo pesado en los próximos dos años y medio en la Faja del Orinoco”. Un incremento equivalente a un 10% de la producción actual, al tomar en cuenta el dato de la fuente independiente de la OPEP.
Según Del Pino, el aumento se generará con los planes presentados por las grandes empresas de servicios petroleras Schlumberger Ltd. y Halliburton Co. and Baker Hughes Inc., entre otros. Sin embargo, a principios de este mes de Septiembre,Schlumberger despidió a sus trabajadores en Venezuela tras detener unos proyectos, afectada por la falta de pago de PDVSA.
Asimismo, Del Pino afirmó que Schlumberger participó en la licitación de los nuevos pozos a perforar en la Faja. Un hecho que llama la atención. Porque indica que las condiciones de negocio son tan buenas para las empresas de perforación que a pesar de la falta de pago por parte de PDVSA decidieron licitar. “La condición es que perforen los pozos que el pago se hará cuando empiece (la comercialización de) la producción” [E. Del Pino].
Lo más seguro es que el pago se hará en especie, con petróleo que las empresas de perforación colocarán en el “mercado spot”, apoyado en una estructura financiera para que la empresa Schlumberger Ltd., Halliburton Co, u otra reciban los fondos directamente del pago de la factura petrolera.
Algo similar ha ocurrido con el canje de los PDVSA 2017 por el nuevo bono PDVSA 2020. Hasta el viernes pasado Del Pino había vendido la idea del canje voluntario como un buen negocio para los tenedores de estos bonos. Y para hacer atractivo el nuevo bono, PDVSA 2020, la estatal petrolera tuvo que dar como garantía el 50,1% de la acciones de su empresa de refinación y comercialización en Estados Unidos, Citgo Holding, ante la posibilidad de moratoria en el 2020.
Sin embargo, el mercado de capitales y las empresas evaluadores de riesgo observaron la propuesta de canje por parte de PDVSA riesgosa. Para Standard & Poor’s el canje afectaría la calificación crediticia de la propia PDVSA, incrementando su exposición al “default”. En el caso de Fitch, el nuevo bono es un instrumento para no invertir, porque el emisor (PDVSA) está atado a las políticas económicas del actual gobierno venezolano. Un gobierno que muestra falta de “transparencia en la administración y el uso de los fondos gubernamentales, así como en sus operaciones fiscales”.
El argumento de Del Pino y de los voceros del gobierno de Maduro es que Venezuela y PDVSA no han dejado de cumplir con sus compromisos de deuda externa (pago de bonos). Algo que ha venido en detrimento de las importaciones de bienes básicos desde el año 2014. Por ello, el gran desabastecimiento de comida y medicinas en el país.
Ayer, Del Pino salía al paso y declaró que S&P y otras calificadoras de riesgo son “especuladoras de oficio”. Aunque en la presentación de la oferta de canje escribió en su cuenta Twitter que las calificadoras de riesgo habían evaluado la operación como positiva.
La intención del canje del bono es evitar pagar $2.050 millones -amortización del capital del bono PDVSA 2017- en Noviembre de este año y $3.275 millones en el 2017. Por lo que Del Pino sostiene que “el canje de bonos aplanará la deuda de PDVSA”.
La realidad es que el gobierno de Maduro y la misma PDVSA no tiene líneas de crédito en ninguna parte. Todas las compras internacionales tienen que ser de contado. Y con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil se le cerró el envió de productos de primera necesidad con financiamiento desde ese país. Por lo que el gobierno venezolano necesita urgentemente disponer de divisas para comprar de contado el mínimo de los productos de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocidas como las Bolsas CLAP.
Lo que obligaría a hacer el canje de los bonos, a pesar de no alcanzar la meta del 50% ($3.525 millones). En las instituciones del Estado se calcula que hay entre un 20% a 30% de los bonos PDVSA 2017. Y ante la crisis de divisas que atraviesa el gobierno venezolano, $1.500 millones le permitiría correr la arruga hasta mediados del año 2017. A la espera de que se dé el incremento del precio del barril petrolero a niveles de $60-$65 el barril en ese momento.
Al final Del Pino con el canje del bono podría materializar la venta de Citgo en el 2020 y con el aumento de los 200.000 barriles día afianzaría la privatización de la producción de petróleo de PDVSA.
Mientras tanto el país se debate políticamente entre el abuso del poder ejecutivo y la consolidación de las mayorías en Unidad.