Luego de 8 meses y 24 días de implementado, el Decreto de Emergencia Económica sigue vigente, al igual que la escasez de alimentos y medicinas, las colas, la especulación, la inflación y el deterioro del aparato productivo, publica El Nacional.
Combatir la guerra económica, garantizar el acceso a bienes y servicios, así como “tener a la mano la respuesta a la crisis” fueron los propósitos que sustentaron la aplicación del decreto, emitido el 14 de enero y prorrogado en cuatro oportunidades, pero más que lograrse esos objetivos la situación ha empeorado.
En febrero la canasta alimentaria se ubicaba en 106.752,72 bolívares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, mientras que en julio –su reporte más reciente– una familia de 5 miembros requería de 363.866,73 bolívares para adquirirla.
El Cendas informaba que en el último año la situación ha empeorado: la cesta de alimentos aumentó 459%, mientras que la escasez pasó de 34,5% a 43,1%. La firma Ecoanalítica coincidía con estos datos e indicaba que mientras en marzo de este año la escasez llegaba a 35%, en el mismo mes de 2015, sin el decreto, se encontraba en 25%.
Estos datos denotan un alza en uno de los indicativos más incómodos para el gobierno: la inflación. “Inducida” para el Ejecutivo, una calamidad para quienes acuden al mercado. Ecoanalítica indicaba que entre enero y abril de este año la inflación ascendió a 56%, mientras que en igual período de 2015 estuvo en 35%. En agosto, de acuerdo con cifras extraoficiales, cerró en 26,9% y la acumulada (en lo que va de año) en 331,9%.
Yo no fui. Expertos consideran que el decreto no ha solucionado la crisis porque es el propio gobierno el que la genera. “El Ejecutivo ha pretendido resolver la calamidad económica que estamos viviendo. ¿Que se ha resuelto? nada. Se pretende solventar la crisis, pero se ha profundizado porque el problema es del modelo económico que ha fracasado y jamás se resolverá por esta vía”, señala el constitucionalista Gerardo Fernández.
Luis Alfonso Herrera, abogado, filósofo y politólogo, considera que la emergencia económica se manifiesta en la escasez, inflación, ausencia de inversión privada, deterioro de los empleos “que todos padecen y cada día con mayor dolencia”.
Advierte que el Ejecutivo responsabiliza a otros de sus errores. “El gobierno no ha podido probar que la situación la generen agentes privados o externos. Eso no deriva de acciones distintas de las adoptadas por el Ejecutivo: control de precios, una política sistemática de violación de propiedad privada, una burocracia ineficiente. Sí existe una anormalidad económica, pero el causante es el propio Ejecutivo y el remedio no es un estado de excepción. Es una contradicción que quien genera el estado de emergencia lo quiere cambiar”.
El economista Ronald Balza afirma que “mantener el decreto lo que hace es perpetuar un tipo de política que ha causado mucho daño y no ha servido para resolver esta guerra que es inexistente”.
El politólogo Nicmer Evans, representante de Marea Socialista, señala que la medida, más que resolver la crisis del país, solo busca beneficiar a un grupo. “Después de todos estos meses con un decreto de emergencia para resolver la crisis y que por el contrario estemos peor, lo que pone en evidencia es que los intereses no son de la mayoría sino de sectores que se están enriqueciendo aún más por la asignación discrecional de divisas”.
Por esa alcabala… no. Al mejor estilo kafkiano, el decreto ha sufrido metamorfosis: se dicta, es rechazado por la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo avala, es prorrogado y ampliado cuatro veces. Según los expertos, carece de legalidad al igual que las decisiones, contratos y negociaciones que se suscriban.
“Un decreto de emergencia solo se puede dictar una vez con una prórroga. Lo que se ha producido es una alteración total de las declaraciones de emergencia a conveniencia del régimen”, explica Fernández.
Herrera es tajante. “Hay que tener en cuenta que desde su primera versión es inconstitucional. Todas las medidas que el gobierno ha ejecutado, tanto en el ámbito presupuestario, financiero y contractual, así como las que afecten los derechos de la población, son vías de hecho, actos de fuerza, porque fue un decreto desaprobado por la AN”.
Evans cree que el decreto de excepción no era necesario para tomar medidas, “porque el gobierno lo había venido haciendo basándose en el Plan de la Patria” y leyes habilitantes.
Las ampliaciones del decreto han ido dirigidas a brindar más potestades al Ejecutivo para administrar el presupuesto, tanto en 2016 como en 2017, sin pasar por la alcabala del Parlamento.
“Uno podría pensar que un motivo muy importante es poder seguir celebrando contratos con empresas extranjeras, así como solicitar préstamos internacionales. Tendrían que pasar por la AN porque son contratos de interés nacional. Es uno de poscontroles que el Ejecutivo busca evitar”, dice Herrera. “A mi juicio, tendrán sanciones. Todos los que ejecuten directamente incurren en responsabilidad personal, administrativa, civil y hasta penal. No se pueden invocar órdenes superiores para tomar medidas que impliquen actos de corrupción o actividades antidemocráticas”.
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