A principios del mes de marzo de éste año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzó a realizar las primeras solicitudes para recibir del Consejo Nacional Electoral (CNE) un modelo de planilla oficial que sirviese para recolectar las expresiones de voluntad de los ciudadanos y celebrar así un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, un Presidente, que según los sondeos de opinión, cuenta con el respaldo de sólo el 22% de la población, y cuya gestión de gobierno ha llevado a Venezuela hacia un abismo.
Han pasado más de seis meses y aún la oposición no ha logrado materializar la condición esencial para activar el referéndum revocatorio, a saber: la recolección de adhesiones de al menos 20% de los votantes inscritos en el padrón electoral. El CNE, se inventó un empedrado camino para detener el proceso de consulta, o cuando menos retrasarlo para el año 2017. De darse ese segundo escenario Nicolás Maduro, sobre quien pesa una enorme energía acumulada de descontento popular, sería revocado pero su vice-Presidente pasaría a asumir su lugar. En un contexto de reciclaje como éste, un cambio de Presidente no asegura una voluntad política de cambio, y mucho menos la restauración de las garantías democráticas y el proceso de reformas económicas que Venezuela reclama a gritos.
Tras meses de espera, el CNE decidió finalmente el día 21 de septiembre hacer del conocimiento público las condiciones para la recolección del 20% de las firmas. Para ello ha habilitado los días 26, 27 y 28 de octubre para la recolección de las rúbricas, y como posible fecha para la realización del referéndum el primer trimestre de 2017. Por lo demás, las condiciones para la recolección de las firmas no podían ser más adversas. En lugar de una semana, como se hizo para la recolección del 1% en la primera alcabala, amparado en un reglamento ad-hoc el CNE concedió sólo tres días para la recolección del 20%.
En lugar de mantener los centros abiertos en cada uno de esos días mientras haya electores en cola, el CNE fijó un estricto horario de sólo 7 horas cada día. En lugar de facilitar 20 mil máquinas capta-huellas, como la oposición había solicitado para la verificación del elector, el CNE estableció sólo 5.392 máquinas, con un misterio absoluto sobre la ubicación de los centros. Finalmente, en lugar de ceñir la recolección del 20% de las voluntades a la circunscripción nacional, como se hizo en el referéndum que ganara Hugo Chávez en el año 2004, el CNE cambió la regla y está exigiendo que el 20% se de en cada circunscripción regional.
La oposición democrática tiene un gran chance de revocar el mandato de Maduro, pero sólo si alguna de estas condiciones es relajada. Por lo pronto, en una muestra muy contundente de unidad, los factores políticos que conviven en la MUD y otras organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la maniobra del CNE y han tomado la decisión de continuar la marcha hacia el referéndum exigiendo cambios en las condiciones y en las fechas para así celebrar la consulta en 2016. En un comunicado la MUD ha justamente señalado que “cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle”.
¿Pero qué chance tiene en realidad la oposición de sobreponerse, remover los obstáculos y celebrar con éxito el referéndum en 2016? Para esto es clave analizar como el gobierno de Maduroviene utilizando su voluntad de poder para bloquear la salida electoral. Por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional, aprobó en el mes de abril, y con mayoría de la oposición, un proyecto de Ley Orgánica de Referendos, para así otorgar debida protección al ejercicio del derecho de participación ciudadana, y evitar los excesos y la discrecionalidad que hoy día estamos viendo, el Gobierno de Maduro utilizó al Tribunal Supremos de Justicia para detener la aprobación definitiva de la Ley. Cuando la MUD empezó a salir a la calle en el mes de marzo para proponer mecanismos constitucionales y propiciar la salida de Maduro, el Ejecutivo respondió con una ampliación de sus poderes discrecionales y transformó un Decreto de Emergencia en uno de Estado de Excepción prolongado, sobre el cual penden diversas amenazas a los derechos y garantías de la población civil.
Desde entonces la represión selectiva contra los dirigentes de la oposición ha aumentado y el SEBIN, la policía política del Estado, ha estado actuando sin límites precisos. Por último, días después de haber entregado 1.800.000 firmas para solicitud formal del referéndum, y un poco antes de anunciarse su validación, el máximo dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, sentenció en los medios de comunicación: “Este año no habrá revocatorio”. Bastó esa afirmación para que unos días después, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, convocara una rueda de prensa para señalar, palabras más, palabras menos, que de celebrarse el revocatorio sería en el año 2017.
Así que el poder de facto del ejecutivo para bloquear la iniciativa democrática en procura de la salida del Presidente Maduro recae en el Tribunal Supremo de Justicia (cuyos miembros rinden cuenta a Diosdado Cabello); recae en las ampliadas capacidades que tiene el Estado para emplear su fuerza represiva, y recae en la influencia directa que el gobierno ejerce sobre el CNE, donde 4 de sus 5 rectores son piezas del chavismo.
¿Dónde están los centros de gravedad de la oposición? Uno está en la conexión que ha podido tejer con la comunidad democrática internacional para que desde allí opere la presión internacional. El otro está en la posibilidad de movilizar una inmensa mayoría que siente un profundo descontento con la gestión de Maduro y un creciente desencanto con el proyecto chavista. Así que cuando la MUD expresa que cualquier intento de bloqueo a sus pretensiones legítimas implicará la movilización del pueblo en la calle, está profiriendo una amenaza y ahí radica su mayor poder potencial. No obstante, una amenaza debe ser creíble y en ese terreno la oposición ha cometido algunos errores.
Cuando los dirigentes de la MUD le expresaron al país (y al ex Presidente Rodriguez Zapatero) que sin revocatorio no habría dialogo y semanas después el gobierno filtra la información de que un equipo de la oposición está entablando conversaciones con el gobierno, la confianza se quebranta. Peor aún, el gobierno se da cuenta que la oposición no necesariamente es consistente con lo que dice. Así que para derribar los obstáculos y abrir el camino para la celebración de la consulta en 2016, el gran reto que tiene la oposición por delante es convertir lo que hoy luce como una amenaza latente en una amenaza creíble.
Publicado originalmente en Infolatam