Tiempos políticos cargados en Venezuela y en Colombia. Vistos desde una perspectiva lejana, especialmente a través de un lente eurocentrista, podría parecer que existen muchas similitudes entre ambos conflictos: el de la guerra declarada por la guerrilla contra el Estado colombiano y el de la guerra no declarada del gobierno de Venezuela contra su propio pueblo. Una típica saga latinoamericana de interminables conflictos y tragedias nacionales. Pero un análisis más a fondo revela diferencias muy importantes, quizás la más fundamental la presencia de las instituciones del Estado colombiano garantizando la voluntad ciudadana y el hecho de que unos días después de la victoria del NO, Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ex–presidente y presidente de Colombia y líderes de las campañas enfrentadas en el referendo, se reunieron durante varias horas para dialogar sobre las salidas posibles a un profundo impasse nacional.
Colombia parece seguir con dificultades pero con firmeza un camino hacia la elusiva paz y la reconciliación, rotas tras más de 50 años de conflicto, mientras Venezuela sigue atravesando una penosa odisea de desencuentro entre su gente acompañada de la destrucción del tejido social y económico de la nación. El gobierno y sus instituciones inconstitucionalmente tuteladas, el CNE y el TSJ, conjuntamente con un sector de la FAN y del PSUV han literalmente secuestrado la voluntad popular que intenta abrirse camino a través del RR. La razón de esta ilegítima conducta del gobierno venezolano está meridianamente clara: el régimen se sabe derrotado en cualquier consulta popular, sea ella el RR, las elecciones de gobernadores o inclusive la recolección de las firmas correspondientes al 20% del registro electoral, requisito exigido por la Constitución para apoyar la convocatoria al RR y que si se llevara a cabo en condiciones regulares se convertiría en un verdadero plebiscito sobre la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro. Es por ello que el CNE ha llenado de dificultades el proceso, acordando un número insuficiente de centros y un requisito ilegal de que el 20% debe ser recogido en cada una de las entidades federales a pesar de que obviamente el presidente fue elegido contabilizando todos los votos nacionales, que corresponden en la práctica a una sola circunscripción.
A las violaciones a la razón y la ley del CNE, se le suman los actos también inconstitucionales del TSJ, cuya última pretensión parece ser declarar ilegal el acto de la recolección del 20% de las firmas aduciendo fraude en la recolección inicial de rúbricas. Así las cosas, debería estar meridianamente claro que el régimen no pretende saldar el asunto del RR por la vía legal de consulta a la soberanía popular sino a través de la imposición de requisitos para-constitucionales imposibles de satisfacer combinado con la represión pura y dura. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿Qué hacer si el régimen bloquea de manera definitiva la realización del RR en el 2016?
Como el gobierno controla las instituciones y el ejercicio de la represión la respuesta a la pregunta del párrafo anterior no es solamente jurídica sino política. En esta difícil circunstancia lo peor que puede ocurrir es que el liderazgo opositor se divida y se debilite. El RR ya no le pertenece a la MUD, ni a ninguna organización opositora o de la sociedad civil en particular, sino al movimiento ciudadano y popular de oposición al gobierno autoritario de Maduro. Esto quiere decir que cualquier modificación de la estrategia en relación con este asunto fundamental debe ser discutida con absoluta transparencia por la dirigencia opositora, de modo que la gente sea parte integral de la decisión y el liderazgo no colapse como producto de una ruptura de la confianza de la gente en los líderes.
Verdades a medias, como las que se evidenciaron en el tema de la existencia de diálogos con el gobierno son extremadamente peligrosas. Igualmente arriesgado puede ser mantener como única vía de acción el RR-2016 y arribar a un callejón cuya única salida sea un enfrentamiento que la oposición no tiene como manejar, y que casi en cualquier circunstancia previsible jugará a favor de los sectores más extremistas del gobierno.
Si las salida del RR-2016 es bloqueada exitosamente por el régimen, el liderazgo opositor tiene que proponer un camino alternativo y realista para seguir debilitando al gobierno. Ello supone de manera casi inexorable intentar dividir al chavismo y a los militares y fortalecer la presión internacional, al mismo tiempo que considerar escenarios alternativos como las elecciones de gobernadores o la renuncia de Maduro. Pero para que esta discusión tenga sentido, es necesario prescindir de las descalificaciones al interior de la oposición y entender que la política es en buena medida el arte de lo posible, y que eso está directamente relacionado con la fuerza para imponerse y con las habilidades de negociación.
No hay salida fácil a este complejo laberinto. Ni el famoso artículo 350 que supone un tipo de organización y convicción para la desobediencia civil que no tenemos actualmente, ni la violencia que terminaría por favorecer al gobierno. Los venezolanos de estos tiempos tenemos una deuda con el liderazgo opositor reunido en la MUD y también con quienes se mantienen en la sociedad civil y en otros partidos buscando alternativas que eviten el caos y la violencia. La decisión de participar en la recolección del 20% de las firmas a pesar de las exigencias inconstitucionales del CNE era probablemente la única correcta para continuar avanzando, pero está claro que la jornada de recolección estará cargada de riesgos. El liderazgo opositor debe ser protegido y ampliado, porque la tarea de restaurar la democracia está lejos de haber sido completada. A su vez los ciudadanos deben exigir que ese liderazgo se ejerza con transparencia, especialmente en estos momentos cruciales.