Como en un mundo paralelo, o una especie de dimensión contigua y sin que se trate de ciencia ficción, pareciera que el Estado venezolano se refleja en un espejo, creando una doble imagen, una real y otra imaginaria.
Desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, las instituciones políticas, sociales y económicas empezaron a tener una especie de desdoblamiento o clonación. Ya en aquel tiempo, la constituyente se encargó de legislar no obstante que el poder legislativo, Congreso de la República, contaba con nuevos diputados y senadores, recién electos en noviembre de 1998. Pasada la Constituyente quedó el denominado “Congresillo”, conformado a dedo por aquella, el cual continuó legislando como si nada, no obstante que la nueva Constitución acababa de ser promulgada y exigía un poder legislativo electo por sufragio.
A partir de allí, las excepciones a la Constitución, aprobada por el aparato chavista, se han hecho costumbre, hasta el punto que puede confirmarse la existencia de una Constitución paralela. De esta fábula han salido figuras como el Gobierno del Distrito Capital, no contemplada en la legislación venezolana, pero creada por Chávez para compensar la importante pérdida electoral de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, o sea, la máxima autoridad de la capital venezolana, en manos del opositor Antonio Ledezma; o las Corporaciones Regionales, con más recursos económicos, y competencias que solapan o chocan con las de los alcaldes o gobernadores de la oposición electos por el pueblo en las entidades territoriales abarcadas por dichas Corporaciones.
Un ejemplo de esto último lo tenemos en la Autoridad Única del Área de Valencia, inexistente en la ley, máxime cuando ya existe el cargo de Gobernador para el Estado Carabobo, creada por Nicolás Maduro con el único propósito de quitarle competencias al Alcalde de Valencia sobre el desarrollo urbano “Ciudad Chávez”. Hasta un Protector del Estado Miranda tenemos, desde que Henrique Capriles es el gobernador. Aparentemente para protegernos de este último, así como de los desmanes de la oposición en general.
De nada sirvió que el Congreso Nacional, se transformase en Asamblea Nacional con la Constitución chavista del 99; pues si no, qué sentido tiene la convocatoria en enero pasado de un Congreso de la Patria, para desarrollar el socialismo comunal, sin figuración, por cierto, en el texto constitucional. Ello, tres semanas después, casualmente, que la oposición asumiese el control la Asamblea Nacional, por amplia mayoría, el 5 de enero pasado, tras ganar las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2015. Un intento de “parlamento paralelo” que no llegó a más, pero que anunciaba las intenciones del gobierno del señor Maduro de no dejar actuar a la nueva Asamblea Nacional.
Desde entonces, todos los esfuerzos del actual gobierno han estado dirigidos a desconocer, extinguir, destruir y anular todo el poder y la autoridad que la Constitución y el principio de separación de poderes en las democracias modernas, le conceden y reconocen al Poder Legislativo.
Es así, como el Tribunal Supremo de Justicia, ha pronunciado una treintena de sentencias, en lo que va de año, que inhabilitan, en la práctica, el buen desempeño de la Asamblea Nacional, impidiendo técnicamente su funcionamiento. Si las leyes que dicta, las averiguaciones que efectúa y los demás actos parlamentarios que le son propios, resultan inexistentes, estamos como si no tuviésemos Parlamento, o como si tuviésemos un Parlamento fantasma, que opera a puerta cerrada, pues lo que dice o hace no surte efectos legales hacia afuera, o por lo menos, así lo va a ratificar el máximo tribunal del país cada vez que se lo pidan.
Las recientes declaraciones de voceros del gobierno, anunciando que el presupuesto de la nación para el próximo año 2017, no será presentado para su aprobación ante la Asamblea Nacional, tal como lo manda la Constitución, pues aquella no existe, son de suma gravedad y equivalen, aunque en la puertas de la Asamblea Nacional no se haya colocado un candado, a la clausura física de nuestro Parlamento. Y lo que es peor, al desconocimiento de nuestra Ley Fundamental y del estado de derecho en general, al involucrar al Tribunal Supremo de Justicia para que valide aquel presupuesto nacional, no obstante que dicho organismo carece de competencia para hacerlo.
En un artículo anterior, titulado La Corte Celestial, recordábamos a Fujimori, quien en abril del año 2002, durante su primer gobierno, decidió cerrar temporalmente el Congreso debido a que el Poder Legislativo era un freno para realizar la transformación que el Perú necesitaba.
Y quien no duda que la actual Asamblea Nacional es una piedra en el zapato, para que este gobierno pueda hacer lo que quiera.
@xlmlf