Llegan sin aviso, en medio de la madrugada irrumpen en las viviendas sin orden alguna, disparos, nadie se siente a salvo porque quienes están detrás de las armas son funcionarios de cuerpos de seguridad amparados por el Estado. Así lo han denunciado a los medios de comunicación habitantes de alrededor de 140 sectores que han recibido la “visita” de los uniformados en poco más de un año de la puesta en marcha de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
“Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo sorprendieron en la puerta de la casa, cuando regresaba de comprar cigarrillos, entraron al inmueble, sacaron al resto de la familia y le dispararon”, relataron en el mes de julio familiares de Heyner Sequera (22) a El Carabobeño.
Tras un par de meses de recogimiento de los efectivos desplegados para efectuar estas incursiones en sectores con alto índice delictivo en todo el país, esta semana se reactivaron las operaciones con un saldo de 19 muertes, según balance del propio Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Otras 11 producidas en Tumeremo, Bolívar, podrían también estar relacionadas con la estrategia gubernamental para detener el avance de la delincuencia, según información que el diputado Américo de Grazia difundiera este viernes a través de la red social Twitter.
Las denuncias se repiten tras cada acción. Organizaciones como PROVEA han sido voz de los familiares de los sujetos dados de baja en las operaciones. Para reconocidos expertos en criminalística como el exfuncionario del CICPC, comisario Javier Gorriño, se trata de acciones que violan los derechos de los venezolanos y que no están rindiendo los frutos prometidos en materia de seguridad.
“Todos y cada uno de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para abordar el tema, incluyendo las OLP, han partido del operativo que es una acción muy efectista, más muy poco efectiva. Es meter a un grupo determinado de funcionarios en un barrio y confrontarlos con la gente, eso no es así. El operativo es válido dentro de la gerencia policial cuando vislumbras que pueden aumentar las estadísticas delictivas por un hecho que sabes que va a ocurrir, algo puntual como las Navidades cuando la gente cobra aguinaldos (…) Para eso es válido el operativo, pero el operativo no te va a disminuir los índices delictivos por mantenerlo en el tiempo”, explicó el criminólogo y criminalista.
Las autoridades locales, también en contacto con los más avezados en el área del control del delito, igualmente se han pronunciado sobre los presuntos excesos durante la aplicación de las OLP. Helen Fernández, Alcaldesa Metropolitana Encargada, ha manifestado su preocupación.
“Hay una descomposición social que no es con estas OLP que la vamos a superar, esto lo que hace es profundizar el deterioro de la autoridad porque la comunidad pasa a confiar más en los malandros que en los mismos policías (…) Las denuncias sobre los excesos durante estos operativos son preocupantes porque, de ser ciertas, estarían abusando de la gente y eso lo que produce es mayor resentimiento contra la ley”, dijo.
Alternativas con la prevención como fortaleza
Durante los años de gobierno del PSUV, incluyendo los periodos de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, los expertos criminólogos y criminalistas han sido dejados de lado, sus propuestas ignoradas y sus críticas señaladas de ser parte de campañas contra el Gobierno. Sin embargo han seguido trabajando, desarrollando proyectos que han sido guardados para ser aplicados en momentos de mayor apertura política. Uno de ellos, el plan Maestro Metropolitano de Seguridad, fue solicitado por el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en 2008 al llegar al despacho del ayuntamiento mayor.
“Las políticas públicas y los servicios deben ser tratados por profesionales, que los tenemos y bien preparados. El Alcalde Ledezma hizo un gran avance al convocar a los mejores profesionales para trabajar en el Plan Maestro Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Ese plan se ha entregado en tres oportunidades a los entes correspondientes y han hecho caso omiso a las recomendaciones que allí se plasmaron”, precisó la Alcaldesa Metropolitana Encargada Helen Fernández, quien destacó la participación del criminólogo Fermín Mármol León (†) en este documento, desarrollado para atender las causas del problema y no atacarlo con “soluciones inmediatistas como las OLP”.
Hoy, la posibilidad de que la Asamblea Nacional devuelva al Gobierno Metropolitano las competencias y recursos que le fueron arrebatados en 2009 a través de la restitución de la Ley del Distrito Metropolitano podría dar impulso a este plan que dejaron engavetado. “Esta ley nos va a permitir ordenar la ciudad, no sólo a nivel de la seguridad sino para la prestación de otros servicios públicos que requieren una planificación a través de líneas y redes metropolitanas”, explicó.
Para Fernández estas redes serán el inicio de la lucha contra las causas de la violencia porque “hay que fortalecer las policías municipales y que el ente metropolitano sea quien las coordine y las planifique con el apoyo de las comunidades. Precisamente para esta labor de coordinación y articulación entre los cuerpos policiales es necesaria la restitución de las competencias y recursos”, agregó.
“Hoy día este plan sigue vigente, pero habría que desarrollar otros planes ‘mega’, acompañando a este plan porque se ha deteriorado mucho más la seguridad. Deben desarrollarse entonces planes nacionales que ayudaran a ejecutar este plan porque no es lo mismo agarrar un cáncer comenzando que un cáncer con metástasis (…) Para la época en la que hicimos este plan el problema era de fácil manejo, hoy en día no lo es”, manifestó Javier Gorriño, criminólogo y corredactor del Plan Maestro Metropolitano de Seguridad.
El experto agregó que, como lo considera la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, un cambio político en el país haría la diferencia en el tema de la inseguridad en Caracas y en todo el país, con la aplicación de este y otros instrumentos desarrollados por conocedores del área de control del delito.
“Con la aplicación de este plan y otras propuestas que se están haciendo en materia de seguridad, al ocurrir un cambio político la mejoría se va a comenzar a sentir de inmediato. No es que vamos a disminuir de forma drástica, llegar a 5 homicidios, no, pero se va a sentir. Ahora, en cuánto tiempo ocurrirá eso, va a depender de la voluntad política, de que los planes se sigan estrictamente como fueron diseñados, de la actuación de los funcionarios, de muchas cosas”, destacó Gorriño.
El Plan Maestro Metropolitano de Seguridad plantea el abordaje del problema de la violencia en seis líneas de acción: el desarme, atacar el microtráfico y consumo de drogas, la desestructuración de la violencia, creación del Sistema Metropolitano de Prevención Integral, recuperar la confianza de las policías y desarrollar la Plataforma de Coordinación Ciudadana.