El abogado Robert Alvarado advirtió la mañana de este jueves, que “el abandono del preso político Kamel Salame a su suerte, confirmaría que lo quieren matar con las torturas que le aplicarían en la Cárcel de Tocuyito, donde prácticamente lo están dejando morir de mengua. La Fiscalía y la Defensoría tienen información sobre este tormento, por eso, están obligados a tomar acciones oportunamente en contra de esta flagrante violación de los derechos humanos a un ciudadano que no está incurso en los supuestos que le imputaron, privado de libertad desde hace más de 10 años sin ser enjuiciado ni condenado”.
En línea con lo anterior, el jurista denunció “la precariedad en que se encuentra recluido Kamel Salame en la Cárcel de Tocuyito, sin ventilación, expuesto a altas temperaturas, sin acceso a una alimentación acorde con su condición clínica, ha elevado sus ya altas cifras tensionales como resultado de la hipertensión arterial y diabetes mal controladas, empeorando la cardiopatía hipertensiva que padece, al igual que la cefalea de fuerte intensidad, la rinopatia obstructiva y congestión nasal, el intenso dolor testicular, el derrame articular y la discartrosis cervical severa con limitación dolorosa de sus movimientos, que le dificulta la marcha”.
El litigante subrayó, “en todos los órganos del Sistema Judicial, del Poder Ciudadano, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, saben que desde hace más de 3 años es prioritaria la estabilización de Salame por Medicina Interna, Cardiología y Gastroenterología, así como su tratamiento quirúrgico lo antes posible por Neurocirugía, Traumatología, Urología y Otorrinolaringología, la Ministra Iris Varela tiene perfecto conocimiento de esa urgencia, sin embargo, en lugar de garantizarle condiciones de reclusión dignas y que se respeten sus derechos humanos, permitiría que Jean Carlos Suarez, Director del Centro Penitenciario de Carabobo, recrudezca el aislamiento impuesto a mi defendido, al punto de llevarse las llaves de la celda donde se encuentra cuando se ausenta del penal e impedir que la Defensora Delegada del Estado Carabobo verificara esta situación, como ocurrió ayer 12 de octubre”.
Nota de prensa