De allí soportamos la presencia de muchos regímenes militares hasta bien entrado el siglo XX. La Revolución octubrista pretendió encaminar al país en la democracia, sin embargo, cuando se comenzaba a disfrutar de los significativos cambios introducidos, el experimento democrático se tropezó con la tradición militar, dando al traste con el proceso recién iniciado. Un nuevo dictador, otro militar, Marcos Pérez Jiménez, se alza con las armas de la República y toma el poder.
Hasta 1958 una dictadura militar, pura y dura, ejerció el poder en Venezuela. A partir de allí, una vez caído el dictador, Venezuela se reencontró con la senda democrática que no abandonaría a pesar de algunos sobresaltos e intentonas golpistas.Más de medio siglo disfrutando del ideal democrático, de sus virtudes pero también de los defectos que sus diseñadores no pudieron corregir, están reencontrándose, nuevamente, con la tradición golpista y antidemocrática.
Ya no se trata de unos militares, que alzados en armas y escudados en cualquier subterfugio presumiblemente noble (lucha contra la corrupción, las desigualdades, la ineficiencia, etc.), echan abajo un régimen legítimamente electo para ahora imponer el suyo. En Venezuela no estamos en presencia de un golpe militar, sensustricto, contra el gobierno. No, la cosa es mucho más sencilla, es el propio gobierno que bajo la abdicación práctica de los otros poderes a sus designios, echa por tierra toda la institucionalidad para gobernar sin tener que dar cuentas de sus actos.
No estamos en presencia del derrocamiento de un gobierno sino de un golpe a la democracia y a la Constitución. No se observa un golpe tradicional para reconducir el Estado sino,específicamente, para afianzar en el poder a un gobierno cuyo principal activo ha sido la corrupción, la ineficacia y la destrucción del aparato productivo y económico del país. Es un golpe del poder por más poder.
La última sentencia del TSJ es la más absoluta confirmación del golpe que se ha dado al sistema democrático venezolano, con la cual ya no solo se desconoce la voluntad popular sino que,además, sedesautoriza a la AN para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Ya no son 167 diputados los que ejercerán las funciones de aprobación y control sobre el presupuesto de la nación sino una Sala Constitucional integrada por individuos cuyo nombramiento ha sido puesto en duda y no ratificados por la AN.
Como quiera que una dictadura no debe estar frenada por la ley, el TSJ facilitará a quien o a quienes les toque dictar su voluntad un revestimiento de legalidad. Así, en muy poco tiempo los diputados pudieran ser despojados del fuero legislativo; el proceso del 20% de manifestaciones de voluntad congelado mientras la MUD da cuenta de supuestos ilícitos con lo cual el país quedaría con un partido único, además, preso el Alcalde Ocariz por ser pieza fundamental del camino del revocatorio; las autoridades electorales pudieran ser sustituidas por otras más confiables-obedientes- puesto que las actuales permitieron que la oposición obtuviera las dos terceras partes de la AN y permitido llegar tan lejos el proceso revocatorio, según confiesan algunos oficialistas.
No faltará mucho para que la Sala Constitucional,devenido también en cuerpo legislativo por autodesignación, otorgue summapotestas a un individuo que convertirá a la República en impresentable.
@LeoMoralesP