El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declaró este sábado a los municipios de Nariño, Guatapé y La Unión, en el departamento de Antioquia (noroeste), como libres de minas antipersona, con lo que se completan ocho zonas desminadas oficialmente en todo el país.
AFP
“Además de destruir minas, estas intervenciones restituyen derechos a los colombianos: a la movilidad, al uso de la tierra, al esparcimiento, a vivir sin miedo”, aseguró el mandatario en Nariño, durante la ceremonia de entrega de los municipios desminados.
Santos indicó que el propósito de su gobierno es “limpiar 21 millones de metros cuadrados de los 52 millones de metros cuadrados que tenemos contaminados en el territorio de Colombia”.
Millares de minas se sembraron durante el conflicto armado que golpea Colombia desde hace más de cinco décadas, y que ha enfrentado a fuerzas guerrilleras de izquierda, paramilitares de ultraderecha y agentes del Estado.
El gobierno firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que incluye un pacto sobre desminado. Sin embargo, el acuerdo que fue rechazado en un plebiscito.
Ahora, las partes escuchan propuestas de la oposición política para renegociar el acuerdo y el gobierno además está a punto de iniciar conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).
La labor en la localidad de Nariño fue realizada por la organización civil de desminado humanitario HALO Trust, que intervino 37 áreas peligrosas en la zona y destruyó 127 artefactos en un trabajo de tres años que benefició a 4.023 personas, indicó el gobierno.
Esta misma organización realizó estudios en el municipio de La Unión, que demostraron que esta zona no está contaminada con dichos artefactos.
El gobierno recordó que ya habían sido liberadas de sospecha de minas antipersona las localidades de San Carlos y San Francisco en Antioquia, El Dorado en Meta, Zambrano en Bolívar y San Vicente de Chucurí en Santander.
El gobierno colombiano ordenó en septiembre pasado tareas de desminado humanitario en 48 municipios ubicados en 12 departamentos del país, que corresponden al 41,8% de los territorios que posiblemente se encuentran contaminados por minas antipersona y municiones sin explosionar.
Colombia es el segundo país más afectado por las minas antipersona, después de Afganistán. Según cifras oficiales, desde 1990, cerca de 11.500 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos que han sido empleados por distintos actores armados en el conflicto interno.