La debilidad de las democracias en los Estados se hace manifiesta cuando hay un Poder Ejecutivo que se esfuerza por exterminar o volver ineficaz a todo tipo de contrapeso, y/ o controles que asegure el equilibrio de poderes. Un principio democrático ordenador establece que en el sistema político el poder requiere ser de alguna forma controlado. La separación de poderes es uno de esos mecanismos constitucionales que permite asegurar ese control. De ahí que la mayoría de las veces, la inestabilidad del sistema tenga sus orígenes en el quebrantamiento de ese principio fundamental.
En los gobiernos democráticos, las aspiraciones de los ciudadanos se encuentran inmersas en un dilema. De un lado esperan acuerdos de naturaleza política que aseguren el bienestar social necesario, y que ofrezcan una salida efectiva a los principales problemas de la sociedad. Pero del otro, desean que haya suficientes contrapesos y controles sobre los encargados de tomar esas decisiones, que les permitan también resguardarse de los posibles efectos que llegaran a poder tener sus decisiones sobre los intereses particulares. Esa aspiración sincrónica, entonces, en la cual vive el ciudadano de a pie, se mueve entre la búsqueda de la toma de decisiones de manera efectiva y la garantía de controles sobre los decisores, que permitan asegurar que haya un mínimo de confianza política en la ciudadanía.
Pero hoy en Venezuela esos deseos de los ciudadanos, de efectividad y garantía de controles políticos, resultan cada vez más cuestionados. En el país el principio de control político entre poderes, es puesto en duda sobre todo cuando hay un Poder Ejecutivo que no presenta el presupuesto ante el Parlamento, sino que lo aprueba a través del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo así las funciones de un poder público cuya esencia radica en ejercer control sobre el Gobierno y la Administración Pública.
Asimismo, cuando vemos a un Poder Electoral que da la espalda a las demandas ciudadanas, sabiendo que hay una gran mayoría que solicita la aplicación de un referendo revocatorio este año que permita resolver la crisis política, a través de una vía pacífica. Pero para el CNE que un 76.3% de los venezolanos quiera que el gobierno de Maduro sea revocado no significa nada. El poder electoral no respeta el principio de celeridad, ya que ha decido blindar al madurismo. Porque cuando a esta altura del partido todavía no presenta un cronograma definitivo de las elecciones regionales, ni manifiesta la voluntad política necesaria para fijar posición sobre el referendo revocatorio, sólo nos dice con quienes está y con quienes no. Sólo nos comunica su falta de autonomía y la inexistencia del principio de separación de poderes.
En esta línea, también el TSJ claramente manifiesta que la justicia está al servicio de una parcialidad política y no de los ciudadanos, ni de la constitución. El peligro latente de subterfugios judiciales es otra de las razones que confirman la inexistencia de controles democráticos entre poderes en el país. Por ejemplo, cuando el TSJ dicta una sentencia en la cual establece que se exigirá un 20% por Estado y no por la circunscripción nacional, como lo establece el artículo 72 de la Constitución, es una muestra más de su indisimulable activismo político y falta de independencia. Una decisión para proteger a Maduro que ha colocado otro obstáculo a la voluntad soberana del pueblo, y que aparece en un contexto donde se habla, incluso, que ese mismo tribunal evalúa suspender el referendo revocatorio en los próximos días, yendo en contra del derecho político de los ciudadanos constitucionalmente consagrado para revocar los mandatos.
Son cada uno de estos elementos los que permiten sostener, entonces, que Venezuela sea un modelo atípico de Estado en el cual los contrapesos no sean contrapesos en realidad. Una situación que ha incrementado el nivel de desconfianza política en los ciudadanos y que coloca en los líderes del cambio una gran responsabilidad. El rescate de los controles institucionales supone restaurar la idea política de dividir, para balancear, a fin de que el proceso de toma de decisiones políticas realmente se haga sobre la base de los principios constitucionales y no en aras de responder a las ambiciones personales de unos pocos. La restitución de un modelo de poderes públicos verdaderamente autónomos y equilibrados, capaces de ejercer controles mutuos entre sí, será parte de los avances que traerá la nueva Venezuela, tan necesarios para recuperar la vitalidad del sistema democrático. Sólo las instituciones democráticas podrán derrotar las arbitrariedades de un gobierno en decadencia. La supremacía constitucional será la que al final derrotará la ilegalidad del poder.