El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha promulgado la ley que confirma la salida del país africano de la Corte Penal Internacional (CPI), seis días después de que la Asamblea Nacional y el Senado aprobaran la marcha, informan hoy medios locales.
“La República de Burundi se retira del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), adoptado en Roma el 17 de julio de 1998”, se lee en el texto legal firmado este martes por Nkurunziza, cuyas presuntas violaciones de los derechos humanos son investigadas por este tribunal con sede en La Haya.
Burundi cumple así las amenazas de varios mandatarios del continente de abandonar la CPI, a la que acusan de perseguir injustamente por intereses neocolonialistas a los líderes africanos.
En septiembre de 2013, el Parlamento keniano ya votó a favor de la salida del país de la CPI.
Dicho tribunal internacional anunció en abril pasado la apertura de una investigación preliminar de la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.
Su decisión de volver a ser candidato estaba también prohibida por los acuerdos que en 2005 acabaron con la larga guerra civil en este país de la región de los Grandes Lagos, y desencadenó una ola de violencia que ha causado cientos de muertos y ha provocado cerca de medio millón de desplazados.
La ley firmada hoy por Nkurunziza podría bloquear el caso abierto por la CPI, y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos del continente.
De los 10 casos que tiene abiertos la CPI, nueve de ellos se ocupan de abusos de los derechos humanos cometidos en África. En la actualidad, la CPI juzga al expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, y reclama por crímenes contra la humanidad al presidente de Sudán, Omar al Bashir.
Otro jefe de Estado africano que fue incriminado por el tribunal de La Haya es el keniano Uhuru Kenyatta, que sigue gobernando su país después de que el tribunal retirara los cargos contra él por falta de pruebas. EFE