A comienzos de esta semana, los Secretarios Ejecutivos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en todos los estados, recibieron una notificación de querella incoada en su contra por los gobernadores chavistas de cada entidad o, en su defecto, por algunos dirigentes regionales del PSUV; por los presuntos delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral. Estuvieron cocinando que hacer ya que esta próxima semana se recolectaría el 20 % de firmas que activaría el Referendo Revocatorio para sacar a los Tiranos del poder.
Sin lugar a dudas, estas acciones judiciales no eran más que una argucia jurídica para evitar que se llevara a cabo la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad que se requieren para convocar al referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro.
Los Tiranos que gobiernan circunstancialemte Venezuela, ya habían anunciado acciones de esa naturaleza. Sin embargo, sorprendió que la acción no viniera del Tribunal Prostitucional de Justicia, sino de tribunales penales de instancia evidentemente incompetentes para ordenar la suspensión de un procedimiento de naturaleza electoral.
Esta nueva aberración jurídica, ocurrió este jueves 20 de octubre de 2016 y fue perpetrada por los tribunales penales de primera instancia Tribunales Penales de los estados Aragua, Bolívar, Apure, Monagas y Carabobo decidieron al unísono, medidas precautelativas que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección de 1% de manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la mediación de la organización con fines políticos MUD.
En primer lugar, llama la atención la cualidad de víctima que se atribuyen los gobernadores y militantes del PSUV para interponer las querellas judiciales. En el supuesto negado de existir los 2 delitos establecidos en el código penal y que son de orden público, quienes ostentan la cualidad de víctimas serían el estado venezolano y el presidente de la República; nunca UN GOBERNADOR.
Por otro lado, es sorprendente que los tribunales penales, una vez recibida la querella donde se denuncia la comisión de delitos de acción pública, no la remita al Ministerio Público (titular de la acción penal en Venezuela) para que investigue y solicite, solicite las medidas cautelares que estime convenientes.
Adicionalmente, las medidas cautelares que debió solicitar el Ministerio Público y no los querellantes por tratarse de delitos de acción pública, debe buscar el aseguramiento de las resultas del proceso penal. Es decir, lograr la correcta celebración del juicio, garantizar la integridad de los medios probatorios y la presencia del imputado, coadyuvar con la correcta ejecución de la sentencia, procurando la reparación de los daños ocasionados.
Ahora bien, ¿qué daños ha ocasionado la recolección de firmas del 1% cuando el Consejo Nacional Electoral, durante su proceso de validación desestimó todas aquellas firmas que consideró viciadas?. En ese absurdo jurídico que cometieron los 5 jueces penales, decidieron declarar la nulidad del acto de recolección de firmas del 1% y ordenan la suspensión del proceso de recolección del 20% que implica la convocatoria del Revocatorio más cantado de la historia política mundial, que son actos electorales de efectos generales cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Ah, pero no queda ahí la cosa, el Consejo Nacional Electoral, quien ya había certificado, validado, aprobado ese 1% , lejos de defender su actuación, acató de manera inmediata las decisiones írritas de 5 tribunales con competencia regional y ordena suspender el proceso de recolección del 20% a NIVEL NACIONAL, pues están más que claros que con la recolección de firmas del resto de las entidades federales de la República, se recogerían con creces el 20% de las manifestaciones de voluntad que a nivel nacional exige la Constitución de la República.
Los artificios jurídicos llegan a extremos pues tampoco el CNE hizo valer su competencia para a sancionar ilícitos electorales, toda vez que el presunto delito de “Introducción de Datos Falsos al Sistema Electoral”, no está contemplado como tal en el sistema jurídico venezolano, sino como un ilícito administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 230, ordinal 2°, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y cuya sanción es de 15 UT a 50 UT; siendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) el órgano competente para conocer de estas causas.
A fin de conocer detalles de lo ocurrido específicamente en Monagas, me comuniqué con el Dr. Iván Ibarra (Secretario Ejecutivo de la MUD en el estado Monagas) y me confirmó todo lo reseñado en los medios de comunicación y que le he narrado. Me comentó el Dr Ibarra que la querella que interpuso la narcogobernadora (insólito!!) el pasado 12 de octubre contra él y 2 integrantes de la MUD-Monagas no es más que otro adefesio jurídico de los “ilustres jurisconsultos chavistas” que tienen el récord de mediocridad e ignorancia supina.
Ahora bien, el descaro y la perversión judicial en Venezuela, y especialmente en el estado Monagas, es de tal magnitud que el Juez que admite la querella de la narcogobernadora, Larry Zuleta, es la misma que le dictó la orden de aprehensión al alcalde de Maturín Warner Jiménez del partido Voluntad Popular el pasado 25 de agosto de 2016. ¡Qué eficiente e imparcial dicho juez!
En realidad, aunque todo parece ser negativo en el acontecer político de mi país, hay un análisis de fondo que no podemos perder de vista. El gobierno perdió la calle y se ha visto obligado a judicializar la democracia evitando a toda costa medirse electoralmente. En Venezuela lejos de haber separación de poderes hay un concierto funcionarios públicos, para atentar contra la democracia y las libertades civiles, políticas y ciudadanas de todo el pueblo venezolano. A pesar de que sabemos que esa lealtad a los narcotiranos no es gratis, le ha costado al pueblo venezolano una fortuna (yates, mansiones, viajes, derroche de esos funcionarios socialistas de pacotilla), es igualmente asombroso que consigan tanto traidores dispuestos a destruir el país que les dio tanto. Estas son pruebas más que contundentes que demuestran cómo permanentemente inventan artilugios legales para la violación constitucional e irrespetan los derechos ciudadanos que no van a pasar desapercibidos y tendrán graves consecuencias.
No reconocieron la decisión popular del pasado 6 de Diciembre desconociendo todos los actos legítimos de la Asamblea Nacional, no aceptan su derrota y se aferran al poder como sanguijuelas. Ya no se trata de un grupo de dirigentes políticos que en su legítimo derecho a aspirar a cargos de elección popular está haciendo una campaña de descrédito del gobierno venezolano. Es una realidad más que evidente, en la que no intervienen iguanas, imperios ni guerras económicas. Lo único que interviene es el culillo de los gobernantes y su deseo desmedido de poder.
Esta desvergüenza de “justicia” que hay en mi patria y el colapso generalizado de la institucionalidad del país, es el mayor logro de la revolución del Socialismo del Siglo XXI. Si las instituciones y los poderes constituidos no son capaces de defender la Constitución, le toca al poder originario, el pueblo soberano. Para remate, Maduro se escabulle en un viaje injustificado de placer por los países árabes dejando a sus esbirros dando declaraciones descocadas al unísono mientras el país se desmorona.
Ayer las mujeres Resteadas con la libertad y la activación del Articulo 350 salieron a protestar, dando un ejemplo de brío, arrojo y fuerza, para pedir Justicia al mundo, no es una protesta para que Maduro y Cabello las miren, es un grito a la Comunidad Internacional para que definitivamente condenen con hechos la desgracia que le ha tocado vivir a nuestro pueblo.
Unido a la indignación nacional, sigo dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA
José Gregorio Briceño Torrealba
“El Gato” Briceño.