El asalto no fue el peor abuso de la semana. Pocos días antes, tribunales penales de Estados gobernados por el chavismo dictaron medidas cautelares que el gobierno utilizó como pretexto para suspender el proceso de convocatoria del referendo revocatorio. Durante más de una década, el chavismo se ha valido de su control sobre los poderes públicos para violar sistemáticamente la Constitución. Pero es la primera vez que el gobierno decide no realizar elecciones, despejando toda duda sobre su naturaleza dictatorial y arrastrando al país a orillas de una confrontación violenta.
La Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de oposición, se declaró en rebeldía ante la suspensión del referendo. Anunció un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro, hizo un llamado a la Fuerza Armada para que no obedeciera órdenes inconstitucionales y convocó para el día de hoy una gran movilización nacional -bautizada La Toma de Venezuela- para presionar al gobierno.
La situación, pues, no puede ser más volátil. Hay un enorme descontento con la gestión de Nicolás Maduro. La mayoría de los venezolanos, alrededor del 70%, quiere revocar al presidente, y un porcentaje aún mayor tiene una percepción muy negativa de la situación del país. Hasta ahora la posibilidad de salir de la crisis a través del voto ha sido la válvula de escape de este descontento. Matar el referendo es el equivalente a sellar el orificio de la válvula: la olla donde hierve este malestar puede estallar.
Para la oposición es difícil avanzar por este campo minado. Convocar manifestaciones como la de hoy implica un alto riesgo de represión y violencia. En 2014, cuando los venezolanos salieron a la calle para protestar contra este mismo gobierno, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal. Esa confrontación dejó un saldo de más de 40 muertos y 3.000 detenciones. Desde entonces los líderes de oposición han sido cautelosos a la hora de convocar protestas; saben que manifestar pacíficamente puede conducir a una tragedia.
El problema es que no hacer nada tiene un costo aún mayor porque el presente ya es una tragedia. Venezuela atraviesa la peor crisis económica y social desde su independencia. Tres lustros de políticas económicas irracionales y progresiva destrucción institucional han llevado al país a una emergencia humanitaria sin precedentes, con tasas de desnutrición, homicidios y mortalidad infantil peores a las de algunos países en guerra.
En Venezuela recuperar el derecho al voto significa que la oposición debe presionar al gobierno en la calle, lo cual expone a decenas de miles de venezolanos a la posibilidad de ser brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Pero preservar el statu quo implica la coexistencia pacífica e indiferente con una monumental tragedia.
El lunes el Vaticano anunció sorpresivamente que actuaría como mediador en un diálogo entre la oposición y el gobierno. La MUD ha enviado señales mixtas sobre su disposición a participar en esta iniciativa, razón por la cual ha recibido un aluvión de críticas sobre la falta de coordinación entre los miembros de la coalición.
Pero apartando la torpeza de la MUD, la renuencia a iniciar negociaciones en este preciso momento es justificada. A menos que el gobierno rectifique con el referendo, un nuevo esfuerzo para promover el diálogo, sobre todo si involucra a un actor tan respetado como el Vaticano, podría ayudar al gobierno a suavizar y diluir el impacto de su radical decisión de no realizar elecciones.
No hay que olvidar que, negando el derecho al voto, el gobierno acaba de asumirse abierta y frontalmente como una dictadura. Todo indica que este paso no se dio a la ligera, sino fue cuidadosamente premeditado. Es poco probable que Maduro esté buscando un diálogo real para revertir esta decisión poco días después de tomarla. Lo más probable es que el diálogo sea parte de su estrategia para atornillarse en el poder.
Ahora la mejor manera de luchar contra los abusos del gobierno y hacerlo sentir que sus acciones tienen consecuencias es saliendo a manifestar pacíficamente. La comunidad internacional, incluyendo el Vaticano, debe presionar a Maduro para que respete este derecho elemental de los venezolanos.
Alejandro Tarre es escritor y periodista. Twitter: @alejandrotarre
Publicado originalmente en el diario El País (España)