La violación de derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios en Venezuela, no afecta solamente a los presos, cuyo delito los condena prácticamente a la muerte en vida, sino también a miles de familiares que aún en libertad deben sufrir un verdadero calvario.
Así lo manifestó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien en infinidad de oportunidades ha solicitado la atención inmediata de los organismos gubernamentales como el ministerio de Servicios Penitenciarios y la Defensoría del Pueblo, pero las agresiones y la apatía continúan, principalmente para aquellos que se atreven a protestar por respuestas inmediatas para los reclusos hacinados en las cárceles venezolanas.
El miércoles 5 de octubre, familiares de presos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) protestaron frente a la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios en Caracas, para exigir a la ministra Iris Varela que “diera la cara” en cuanto a las muertes por hambre y tuberculosis, hacinamiento, insalubridad y violencia dentro de este penal.
Al mismo tiempo, cientos de familiares manifestaban frente al liceo Fermín Toro, en las cercanías del palacio de Miraflores, para denunciar presuntas agresiones en contra de los presos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Lo que nos está pasando a nosotros le puede pasar a cualquiera porque no hay Estado de Derecho“, dijo una de las voceras de la protesta, donde algunos cárteles manifestaban el temor de los familiares por una inminente masacre dentro de la PGV.
En ese sentido, el director del OVP enfatizó que “la protesta de estos familiares debe ser la protesta de todos los venezolanos, pues a todos nos han recortado la justicia y en todo el territorio nacional nos vemos afectados por el hambre, la violencia y la falta de solidaridad del Estado para implementar políticas públicas que solventen estos problemas. Estos familiares solicitan constantemente respeto a los derechos humanos y justicia a tiempo, pero efectivamente el Estado venezolano no está en capacidad de darles una respuesta”.
La visita es un viacrucis
Desnudarse por completo, sentarse en cuclillas e introducirse dos dedos en la vagina para mostrar la pelvis en un espejo, son solo algunas de las vejaciones que sufren las madres, esposas e hijas para visitar a los presos en Venezuela; mientras que en algunas cárceles está prohibida la visita de los padres, por reglas del nuevo régimen establecido por Varela, sin importar que en algunos casos solo el progenitor es el que se hace cargo del recluso.
A pesar de todo esto, evidentemente el ministerio de Servicios Penitenciarios no ha logrado controlar el ingreso de armas, drogas y otro tipo de objetos dentro de los penales, pues miles de familiares de reclusos señalan a funcionarios de la GNB, a quienes acusan de ser los principales patrocinadores de la violencia penitenciaria.
En tanto, estas denuncias las pueden hacer aquellos que tienen la suerte de visitar con frecuencia a sus seres queridos, pues a muchos los trasladan tan lejos de sus hogares que solo son visitados una vez al mes y eso si acaso.
Finalmente, Prado recordó que la Constitución y el sistema judicial venezolano plantean la concepción de la pena corporal; es decir, la prisión como una oportunidad de reinserción social, lo que evidentemente no será posible hasta que el Estado no garantice los derechos humanos de los presos y sus familiares, quienes en el Observatorio Venezolano de Prisiones han encontrado una ventana para exponer sus denuncias y alzar su voz en contra de la apatía gubernamental.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones