El “Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela”, aprobado por la Asamblea Nacional el domingo 23 de octubre, marca una ruta fundamental, que debe emprenderse con firmeza y sin retrocesos. Se decretó formalmente la existencia de una dictadura en Venezuela y esto ha de tener consecuencias específicas y coherentes.
Son acertados los considerandos, señalando premisas que desnudan el secuestro institucional y ponen énfasis en la incapacidad de elegir que se le ha impuesto a la sociedad venezolana. Así mismo, se concreta la existencia de irregularidades constitucionales en la presidencia de la República que se abordarán en lo inmediato, lo que abre la puerta al juicio político a Nicolás Maduro que todo el país está esperando con ansiedad y que es obligación llevar a cabo.
El acuerdo no deja dudas sobre la acción que emprenderá la Asamblea Nacional para encaminar al país hacia la libertad. Enmarcar las acciones dentro de los preceptos republicanos es esencial para ejercer autoridad moral internamente y ante la comunidad de naciones, vital para relucir un talante civilizado y democrático que dé solidez a las políticas que deberán implementarse.
Fue oportuno incluir en el acuerdo el hecho de que se nombrarán los jueces del Tribunal Supremo y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea está abonando el terreno para no improvisar cuando el señor Maduro sea despojado de la investidura que usurpa. Teniendo a las principales autoridades de los poderes públicos previamente seleccionadas, se agilizarán los procesos pertinentes para activar los procedimientos constitucionales, que hagan viable la depuración de los poderes y den paso a la democracia.
Es digno de reconocimiento el que se haya incluido un llamado a la Fuerza Armada a cumplir con el deber que le corresponde. A pesar de la corrupción del alto mando militar, existe un contingente vasto de oficiales y soldados que están dispuestos a desconocer ordenes inconstitucionales, haciendo lo correcto cuando llegue el momento.
Un chiste fue presenciar al “Ministro de la defensa” reaccionando ante el acuerdo, usando el argumento de la despolitización de la institución que diariamente violenta con su sola presencia. Al cerrar su discurso con “Chávez vive y la patria sigue…independencia y patria socialista, viviremos y venceremos” hizo evidente su parcialidad política y las razones por las cuales el acuerdo de la Asamblea Nacional es legítimo y necesario.
Cabe resaltar los discursos de algunos de los principales líderes, que sirvieron de prólogo para el acuerdo que se firmó. Declararse en rebelión civil ante un régimen que viola todos los derechos humanos era una deuda pendiente con la historia, que finalmente se ha saldado.
No existe mejor reivindicación de la dignidad de un Hombre que el ejercicio de su derecho sagrado a rebelarse contra cualquier persona o sistema que vulnere su integridad. Más allá de cualquier precepto constitucional – que igual lo reconoce – el derecho a la rebelión reside en lo más intrínseco de la naturaleza humana, y negarlo es negar la humanidad y toda noción de justicia que hace viable la vida, tanto individual como social. Es aire fresco cuando el liderazgo político se une en una fuerza coherente, sosteniéndose sobre los fundamentos de una narrativa cónsona con el mal que confrontamos.
El círculo virtuoso se completó al acompañar los acertados discursos parlamentarios, y el acuerdo firmado, con una convocatoria a la “toma de Venezuela”, generando así la rúbrica que pone al acuerdo el sello final de aprobación: la población civil en las calles respaldando las decisiones tomadas por sus legítimos representantes.
Ahora es fundamental que no se generen cortocircuitos que destruyan con los pies lo que acertadamente se construyó con las manos. La presencia del Vaticano en Venezuela debe utilizarse como herramienta para consolidar la narrativa de la lucha de los valores humanos contra una dictadura que constituye la némesis de los mismos. No tiene caso usar la palabra “diálogo “, que supone la existencia de paridades proporcionales en un justo equilibrio. Siendo una de ellas una organización criminal que secuestró al Estado, la otra parte no debe plantear un escenario donde sea posible la adopción de medidas que permitan a los criminales mantenerse en el poder. Aún si el narco régimen ofreciese “villas y castillos”, y estuviese en franca voluntad de cumplir, aquí se ha traspasado una línea de no retorno que es necesario respetar, en aras de la justicia sin la cual no sería posible salvar a Venezuela y encaminarla hacia su recuperación.
El Vaticano debe honrar su razón de ser y ponerse del lado de quienes no violan los derechos humanos. En este caso, la imparcialidad no sería cónsona con la doctrina moral de la Iglesia Católica, que debe ser una brújula ética y no un ente neutral entre el bien y el mal.
La sociedad venezolana debe solicitarle al enviado del Papa que actúe como facilitador de una transición política pacífica, pero nunca como plataforma para mantener a unos criminales en el poder. El lunes, cuando se asomó el “diálogo”, la reacción de los venezolanos fue un rechazo contundente a semejante escenario, y ese sentimiento debe honrarse con respeto y solidaridad.
No viene al caso elucubrar sobre teorías conspirativas que empañen de suspicacias un terreno tan bien abonado con el acuerdo del domingo. Lo importante es que el país reaccionó y los políticos tomaron nota, afirmando que no comprometerán la decisión tomada por la Asamblea Nacional; esta es la postura correcta y bajo ningún supuesto debe cambiarse.
La “toma de Venezuela” debe tratarse con mucha inteligencia. Hay que analizar la situación presente en el contexto de hoy y no lo que pudo haber sido en tiempos pasados. El camino institucional es el más recomendable a la luz de los hechos y debe protegerse a toda costa.
La Asamblea Nacional ha trazado una hoja de ruta – enmarcada en el principio de rebelión civil – que si se cumple garantizará el cambio político que aspiramos. Ha de cuidarse con pinza quirúrgica el no caer en un escenario de caos, que le permita al régimen justificar situaciones de hecho que borren las oportunidades que se han generado gracias al acuerdo del domingo.
El régimen controla las armas y el dinero frente a una sociedad que sufre una crisis humanitaria que le ha dejado en el hueso. Entrar en una dinámica de confrontación violenta bajo ningún respecto es recomendable en estas circunstancias. Las acciones de calle deben ser pacíficas y organizadas; un emblema de civilización contra la barbarie, que mostrará al mundo el gran apoyo que tiene la decisión de hacerle un juicio político a Maduro y sus secuaces, y así provocar el escenario que el país necesita para su sobrevivencia. Esto luce viable, siempre y cuando la Asamblea Nacional honre su palabra y cumpla con lo pactado.
Es tiempo de unión entre todos los venezolanos que aspiramos Libertad. Con la narrativa escribiéndose bajo los preceptos de la rebelión civil, la coherencia ha conquistado al mundo político. Celebremos con un compromiso de total y absoluta solidaridad entre nosotros.
La esperanza de un mejor mañana hoy tiene piso sólido. Doy gracias por eso.
En Caracas, a los veinticinco días del mes de octubre de 2016.
@jcsosazpurua