Este martes 1 de noviembre, Venezuela será sometida a revisión por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Examen Periódico Universal (EPU), en el que Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), augura un resultado que deje en evidencia la mala gestión del presidente Nicolás Maduro.
“La educación califica como un derecho social”, según precisa Iglesias, quien indicó que Venezuela no presenta resultados favorables en esta materia y, a su criterio, ha respondido a un resquebrajamiento inducido intencionalmente por el gobierno nacional. Maduro ha violado el derecho a la educación y la ONU lo sabe, pues para eso fuimos a Ginebra el pasado primero de octubre, a denunciar esta situación, ya que no ha habido voluntad del sector oficial para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes (…) como el caso de un estudiante de estudios internacionales que por su condición económica se vio obligado a dormir en la calle durante meses”, añadió el dirigente universitario.
El vocero ucevista señaló que la insuficiencia de las becas universitarias es un gran problema, ya que 8 mil bolívares, equivalentes a 12 dólares mensuales a tasa Dicom, no son suficientes para que un joven estudiante pueda costear sus necesidades más básicas.
“Además de las becas, se suman la deserción estudiantil y docente. Se nos están yendo los profesores, los institutos de investigación están cerrando, hay materias que se clausuran, transportes que dejan de prestar servicio, inseguridad en los campus. La situación es crítica”, extendió Iglesias, quien recientemente denunció estas precariedades en derecho de palabra en la Asamblea Nacional.
Cada cinco años la ONU somete a revisión la situación de derechos humanos de los 198 países miembros a través del EPU y Venezuela no está exenta. El gobierno venezolano deberá mostrar resultados de implementaciones no ejecutadas y promesas adquiridas en 2012 en materia de educación, un derecho humano que, para Hasler Iglesias, ha sido pisoteado de manera constante por la actual gestión gubernamental.