La crisis nacional y las políticas represivas del Gobierno venezolano ante la ciudadanía que exige mejoras en la calidad de vida y expresan disentimiento ante el sistema político actual, aunado a las severas deficiencias en las garantías de Derechos Humanos (DDHH) Fundamentales, hace que el país carezca de argumentos para aprobar el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Así lo señaló el abogado, exparlamentario y defensor de DDHH; Rafael Narváez, quien señaló que la violación sistemática de Derechos Humanos que se vive en el país, que incluye las áreas de salud, alimentación, seguridad ciudadana y derechos civiles y políticos, evidencian que el Gobierno nacional no será bien evaluado. “El Estado venezolano acude a la Organización de Naciones Unidas para presentar un informe sobre el examen que lamentablemente será complicado aprobarlo. El Estado venezolano se ha convertido en uno de los miembros de la ONU cuya política es reprimir, torturar y usar balas y perdigones ante quienes plantean diferencias contra quienes disienten de que la vida en Venezuela sea decidida por el hampa y no valga nada”, expuso.
Narváez indicó que, en materia de seguridad ciudadana, anualmente se registran 25 mil muertes a causa de la violencia y el hampa, de los cuales 450 al mes solo ocurren en Caracas, lo que indica que “la vida no vale nada y es decidida por el hampa”. Apuntó que los familiares no reclaman justicia ante la desconfianza a instituciones gubernamentales subyugadas a un poder político reinante.
En materia de derechos civiles, resaltó que entre 2014 y 2016 se registraron más de 5.500 detenciones arbitrarias, de las cuales 3.535 ocurrieron solo en 2014. Indicó que organismos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías, Cicpc y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) actúan de forma concatenada con colectivos violentos del sector oficialista para cercenar libertades y derechos políticos, amedrentar y vejar a manifestantes.
En ese sentido, indicó que existe un “resurgimiento” de la denominada Seguridad Nacional que existía durante el proceso dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, y que esto se evidencia en las actuaciones ilegales del Sebin. Destacó que se trata de una policía política que actúa al margen de la ley, que se atribuye funciones judiciales que no tiene al detener, juzgar y exponer al escarnio público a las víctimas, a quienes les siembra evidencias y que violenta el debido proceso al incomunicar a sus detenidos.
Manifestó que las situaciones de falta de alimentos y largas colas para conseguir comida, aunado a la escasez del 70% en medicinas y la muerte de pacientes por no conseguir medicamentos, además de las violaciones a la libertad de expresión así como de pactos internacionales suscritos por el país, son atenuantes de la dificultad que tiene Venezuela de aprobar el EPU.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad