Este martes 01 de noviembre, concluyó el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se le hace a Venezuela en materia de Derechos Humanos, en Ginebra, donde la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que la situación de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) “era terrible, ese fue el sistema que nosotros encontramos el sistema de la Cuarta República, es una situación compleja que ya ha sido superada. Las personas que fueron señaladas como líderes negativos, fueron puestos a derecho y se les imputó flagrancia”.
Nota de Prensa
En ese sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recordó que durante cinco años de gestión de la ministra Varela, asesinaron a 135 personas y 104 resultaron heridas en hechos violentos dentro de la PGV, por lo que pasaron años para que se tomaran cartas en el asunto.
Doce años atrás, desde el primer mandato de Hugo Chávez, por la PGV desfilaron sin pena ni gloria al menos una docena de directores que acrecentaron el poder de los reclusos, quienes instauraron el “liderazgo negativo” en todos los penales a nivel nacional. Cabe destacar que durante ese mismo periodo, entre 1999 y 2015, se registraron 22.998 hechos violentos en las cárceles venezolanas, entre ellos 16.417 heridos y 6.581 fallecidos.
Durante su gestión, también permitieron la política de las pernoctas de familiares y el reconocimiento de los pranes, lo que le causó un grave daño al sistema carcelario de nuestro país. Por lo que evidentemente la ministra mintió acerca del sistema heredado de la llamada Cuarta República, pues tal como lo denunciamos constantemente, durante los últimos 16 años se ha acrecentado la crisis dentro de los penales en todo el territorio nacional, donde los “pranes” controlan la vida de miles de presos desprotegidos por el Estado, así como también perpetran extorsiones, homicidios y secuestros con total impunidad.
De igual manera, se han registrado hechos de suma gravedad, tales como la explosión de una granada durante los preparativos de la fiesta de cumpleaños de un “pran”, que dejó un saldo de 12 muertos, entre ellos visitantes y decoradores, y más de 20 heridos; así como también reportaron el fallecimiento de nueve reclusos por presunta tuberculosis, lo que atenta contra la salud del resto de la población penal.
“Hace muy poco tiempo, el pasado 5 de agosto, la ministra Varela accedió al traslado de dos mil presos que se vieron obligados a cancelar la causa semanal, a cambio de la libertad de 47 trabajadores del penal que mantuvieron secuestrados durante cinco días en la PGV, lo que evidentemente empeoró la situación del penal donde habitaban 11.700 presos. Entonces, ¿Cómo pretenden lograr la reinserción de los reclusos si los obligan a defenderse a sangre fría contra los más cruentos enemigos?”, recordó Prado.
Cabe destacar que el Observatorio Venezolano de Prisiones ha emitido una infinidad de recomendaciones para que el sistema penitenciario sea perdurable y garantice la no reincidencia de los ex reclusos, las cuales han sido ignoradas por el ministerio y su titular. En tanto, la ineficiencia del Estado en cuanto a políticas penitenciarias, contribuye con la severa crisis penitenciaria, política, social y económica, que genera gran preocupación a nivel internacional.
Un total de 103 países emitieron recomendaciones al país, mientras que los temas más tocados fueron la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, independencia de poderes, seguridad alimentaria y el acceso a la salud. En tanto, Canadá pidió la eliminación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual ha enlutado a miles de familias venezolanas.
En materia carcelaria, países como Angola, Argelia, Argentina, Austria, Italia y Nueva Zelanda recomendaron mejorar la infraestructura de los sitios de reclusión, la eliminación del hacinamiento, optimizar las condiciones de detención, brindar un trato digno a los privados de libertad y adoptar las recomendaciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como Reglas Mandela.
“No causa satisfacción el hecho de que el mundo entero está consciente de la crisis que vivimos en Venezuela, desde nuestras trincheras continuaremos luchando por los derechos humanos de los privados de libertad, quienes por cometer un delito son sentenciado a la muerte en vida”, sentenció Prado, quien el Estado tiene plazo hasta marzo de 2017 para decidir si acepta o no las 274 recomendaciones que hicieron los países, entre ellas 34 en materia de libertad de expresión, derecho al acceso a la información de interés público y protección de defensores de DDHH.
Finalmente, Prado se mostró escéptico con respecto a la aceptación de estas propuestas, pues recordó que en 2011, durante la primera evaluación el Estado venezolano aceptó inmediatamente 20 sugerencias que le formularon, entre ellas la de incrementar el número de prisiones, reparar las existentes, aumentar el número de custodios, que además serían instruidos de manera adecuada; y combatir el retardo procesal, pero evidentemente ninguna de estas recomendaciones han sido acatadas durante los últimos cinco años, durante la gestión de la ministra Iris Varela.