“En el caso de Kamel Salame se constata que el irrespeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los principales atropellos que enfrenta este preso político, por el uso excesivo de la detención preventiva en su contra, simultáneamente con la falta de adopción de medidas inmediatas de carácter humanitario, necesarias para hacer frente al notable deterioro físico de gravedad que presenta”, declaró a esta redacción el abogado Robert Alvarado, defensor del dirigente político y empresario yaracuyano.
En este contexto, Robert Alvarado aclaró, “mi representado se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 10 años, es decir, en prisión sin ser juzgado ni condenado, por tanto el Estado venezolano incumple obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, específicamente le quebrantó el derecho a la presunción de inocencia, además conculcó a Salame el goce de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la defensa en juicio y al mantenimiento de las relaciones familiares. También, coartó su derecho al voto y, lo que es peor, lo somete arbitrariamente a un régimen de detención aplicado a personas condenadas ruleteándolo por diferentes centros penitenciarios del país sin la debida clasificación”.
En opinión del abogado penalista, “el uso excesivo de la prisión preventiva en el caso de Kamel Salame es criminal, por lo efectos nocivos tanto en el goce de derechos humanos fundamentales como en su organismo, sencillamente porque el régimen lo ha mantenido por más de 10 años en ambientes en el que las condiciones de salubridad e higiene son deplorables, con dificultad de acceso a servicios básicos, facilitando el agravamiento de las enfermedades que lo aquejan. Como hemos denunciado en instancias internacionales, esta circunstancia puede llegar a constituir en sí misma una forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la vida e integridad personal”.
Como responsables directos de lo que considera “un linchamiento judicial”, Robert Alvarado señaló al Juez Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, abogado Javier Córdova, y al Fiscal Nacional 64 del Ministerio Público, abogado Luis Verde, “quienes asedian a mi representado con esta disfuncionalidad del sistema de justicia penal como lo es la prisión preventiva, poniendo de relieve los problemas estructurales relativos al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad existentes en el sistema de administración de justicia venezolano, implicando graves irregularidades del Poder Judicial, el Ministerio Público y del sistema penitenciario por las cuales más tarde que temprano tendrán que responder ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, acotó finalmente el jurista.
Nota de prensa.