El nuevo acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las FARC, que fue publicado hoy, quedará por fuera de la Constitución y recoge plazos precisos para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que solo podrá funcionar diez años pero podrá prorrogarse cinco más.
EFE/ El Tiempo
El texto, que se publicó un día más tarde de lo esperado y que está siendo escudriñado por ciudadanos y medios, pone por escrito buena parte de lo que ya explicaron el sábado el presidente Juan Manuel Santos y el jefe del equipo negociador de Gobierno, Humberto de la Calle.
El nuevo acuerdo define que los diez años de la JEP comenzarán a contar “a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones” de los tribunales que se encargarán de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.
Sin embargo, recoge un “plazo posterior de cinco años más para concluir su actividad jurisdiccional”, un plazo que “de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad”.
El texto es complejo y muchos ciudadanos esperan a la rueda de prensa que darán mañana los negociadores para aclarar puntos como el artículo transitorio que define qué regirá durante tres períodos presidenciales completos a partir del momento de la firma, es decir, doce años.
“El presente artículo rige a partir de la fecha y hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final”, señala dicho punto.
Lo que sí muestra es que las instituciones y autoridades de Colombia tendrán “la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”, lo que sustituye parcialmente al hecho de que el texto se integre en el bloque de constitucionalidad.
El acuerdo ha pasado de 297 páginas a 310 al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del “no” en el plebiscito, según reconoció el presidente Santos, pero analistas consultados por Efe calificaron los cambios como “cosméticos” y no tan en profundidad.
Entre las reivindicaciones de los diferentes sectores que pidieron el “no” en el plebiscito estaba una del expresidente Andrés Pastrana que reclamó que las FARC facilitaran más información acerca de sus vínculos con el narcotráfico.
Eso queda plasmado en el nuevo texto, que obliga a todos quienes “hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito” a comparecer ante la JEP para dar toda la información que tienen al respecto.
Sobre las penas para los miembros de las FARC, referidas como “restricción efectiva de la libertad” quedaron ahora también matizadas, puesto que los magistrados de la JEP podrán definir cómo será, si bien su reclusión no podrá ser en lugares mayores a las zonas rurales en las que se concentrarán antes de dejar las armas.
Esos magistrados serán todos colombianos, aunque se podrá recurrir a juristas extranjeros para que emitan sus “conceptos”, pero el principal cambio es que las sentencias que emitan podrán ser sometidas a una acción de tutela que será revisada, en caso de ser necesario, por la Corte Constitucional.
Tal vez la principal reclamación de los colombianos, que las FARC entreguen sus bienes y posesiones, queda esta vez meridianamente aclarada.
Los guerrilleros deberán hacer un inventario de sus posesiones y luego entregarlas para subsanar a sus víctimas.
Ahora los líderes del “no” deben estudiar el nuevo texto y pronunciarse acerca de él. Luego habrá que resolver otra de las incógnitas: ¿cómo será ratificado?
Santos tiene tres opciones: convocar un nuevo plebiscito, recurrir al Congreso para que lo apruebe o incluso ponerlo en manos de los 1.122 concejos municipales del país para que decidan.