Se desconoce desde hace cuánto tiempo un hombre de 41 años y su pareja, una mujer de 30 años, tenían como modus operandi secuestrar a adolescentes y prostituirlas. Muchos menos cuántas personas habían sido sus víctimas y por qué los padres de estas no habían reportado la desaparición de las menores, reseña el diario Correo del Caroní.
Pero este fin de semana alguien, desde el anonimato, decidió romper el silencio, y llamó a la estación de la Policía del Estado Bolívar (PEB), adscrita al Centro de Coordinación Policial (CCP) Gran Sabana, para colocar la denuncia. Este aseguraba que una pareja mantenía a dos adolescentes de 12 años secuestradas y prostituyéndolas en una vivienda ubicada en la calle principal, del sector José Briceño, cerca del hotel La Patrona, parroquia Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar.
Inmediatamente los efectivos se trasladaron al lugar. Al llegar quien salió fue una mujer, quien se notó nerviosa ante las preguntas de los policías, procediendo a pedirle que dejaran salir a los dos menores que mantenían retenidas.
Ambas adolescentes salieron de la casa en la cual tenían tiempo viviendo. Fueron entrevistadas por la jefa de protección del niño, niña y adolescente y estas, según fuentes policiales, afirmaron que Antoni Parra Raga, de 41 años y su pareja, Bianca Judith Dávila González, 30 y de nacionalidad colombiana, las prostituían, cobraban el dinero y que ellos les compraban ropa y les daban comida.
Sumaron que Parra abusaba sexualmente de una de ellas, mientras que Dávila las agredía físicamente.
Mantienen las investigaciones
Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, la cual será la encargada de determinar la responsabilidad de los aprehendidos. Ambos serán presentados por el delito de trata de personas y prostitución forzada.
Trascendió que los funcionarios están ubicando a los padres de las víctimas para establecer si estos son cómplices.
El Ministerio Público suscribe la definición de trata de personas del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, donde se define este delito como “la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”.
La prostitución forzada se refiere al ofrecimiento de servicios sexuales sin el consentimiento de las niñas, adolescentes y mujeres que lo practican.