Vértice: En Venezuela, los derechos humanos pueden esperar

Vértice: En Venezuela, los derechos humanos pueden esperar

Delcy Rodriguez ONU

 

En Venezuela el mes arrancó con un clásico del béisbol profesional: un partido Leones del Caracas-Navegantes del Magallanes. El 1º de noviembre el juego estuvo cerrado, los felinos lograron imponer el triunfo, 5 carreras por 4, en Valencia, la casa de sus adversarios en el centro del país.

Mariengracia Chirinos / Vértice News

Otro encuentro de importancia global y local ocurría en Suiza. Ese mismo día en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra a Venezuela le tocó el turno de rendir cuentas y recibir recomendaciones de otros países en materia de derechos humanos. Esta fue su segunda salida a este duro terreno donde se juega muy en serio. Y en esta oportunidad se anotaron al bate 104 naciones de las 193 que forman parte de la ONU.

En una jornada que duró 3 horas y 30 minutos, otros Estados le hicieron 274 sugerencias a Venezuela con la finalidad de que mejoren las condiciones de las libertades fundamentales y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero la delegación del gobierno venezolano prefirió tomarse unos meses para pensar y decidió posponer su respuesta sobre las recomendaciones que aceptará, recusará o postergará para el mes de marzo de 2017.

Estos resultados forman parte del segundo Examen Periódico Universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este un mecanismo de evaluación interestatal y de cumplimiento voluntario al que se presentan, cada cuatro años y medio, todos los miembros de esta instancia internacional con el fin de revisar sus políticas en materia de derechos humanos. Este sistema funciona desde hace diez años y a Venezuela le tocó su primera evaluación en octubre de 2011, el último año de mandato del ex presidente Hugo Chávez.

Esta vez, para responder a los 104 países que se inscribieron espontáneamente para participar en esta segunda ronda venezolana, que comprende la rendición de cuentas entre 2012 y 2016, el gobierno de Nicolás Maduro se preparó con un equipo robusto. Cuarenta funcionarios conformaron la comisión de Venezuela en Ginebra. La mayoría de ellos comparten sus cargos públicos con la militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Esta misión fue preparada para fijar una posición militante para exaltar “los logros de la revolución venezolana” a propósito de las cuestiones que le plantearon otros países y organizaciones no gubernamentales en 519 comunicaciones, de acuerdo a la información del Alto Comisionado, que abordaron la situación de DDHH en Venezuela. El Estado también presentó su informe en el que no profundizaba sobre los asuntos estructurales y de fondo en materia de derechos humanos y que fueron apoyados por organizaciones e instituciones naciones y regionales que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, otras ONG resaltaron las restricciones en materia de libertad de expresión, falta de independencia del poder judicial, violaciones a las personas refugiadas en la frontera con Colombia, las prácticas violentas de grupos de exterminio, la crisis de salud, alimentación y servicios básicos, así como el hostigamiento a la labor de los defensores de DDHH.

La comisión oficial venezolana repartió su tiempo de participación a lo largo de los bloques de intervenciones de las diferentes naciones y guardó los últimos 30 minutos, para rechazar los ataques de una supuesta “guerra económica” que pretende desestabilizar al gobierno y destacar los logros sociales de la gestión de Nicolás Maduro. El gobierno reforzó su discurso con la exposición de fotografía “Venezuela, un país garante de los derechos humanos” en los pasillos del Palacio de Naciones Unidas.

Pese a la propaganda gubernamental, algunos países le recomendaban mejorar la calidad de la atención en el sistema público de salud y activar correctivos ante la crisis hospitalaria y de escasez de medicamentos, así como asegurar el abastecimiento de alimentos. Hubo más: mejorar las condiciones de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, garantizar la independencia del poder judicial, eliminar las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias, cesar el proceso de criminalización de la protesta pacífica, poner fin al hostigamiento a defensores de derechos humanos, y asegurar la realización del referendo revocatorio presidencial, suspendido hasta nuevo aviso por el Consejo Nacional Electoral, el pasado 20 de octubre.

También fue recurrente el llamado a aceptar la observación internacional de los órganos de Naciones Unidas. A pesar de que Venezuela es uno de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos, por más de 15 años el gobierno se ha negado a recibir las visitas oficiales de los relatores de la ONU en distintas áreas, y desde 2014 le ha negado la visa al representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que pueda hacer una investigación directamente en el territorio venezolano.

Otras naciones alabaron la gestión presidencial de Nicolás Maduro y del ex presidente Hugo Chávez, entre 2012 y 2016. Uno de los logros que destacó fue la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha impulsado la Vicepresidencia de la República a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Resaltaron la participación de Venezuela en organismos de integración regional como Unasur, las políticas de atención de los pueblos indígenas, protección de grupos vulnerables, entre ellos mujeres y personas con discapacidad. También le indicaron al país que continúe reduciendo la pobreza, a pesar de que los datos publicados de 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas indican un aumento en la cantidad de venezolanos que viven en pobreza. Entre este grupo de entusiastas estuvieron Cuba, Eritrea, Bolivia, Jamaica, Nicaragua y Rusia.

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