La anarquía es la ausencia de poder público, pero también significa desconcierto, confusión o caos debido a la falta o debilidad de una autoridad. Sin duda eso es lo que pretende sembrar el gobierno a través de sus acciones, como las que desde hace tiempo viene impulsando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Tal parece que nos quisieran llevar a la anarquía que se vive en Somalia, país africano que lleva más de veinte años sumido en el hambre y los conflictos. Los venezolanos no podemos permitir este destino perverso por el que nos pretende llevar el gobierno.
Con la lucha y la unión de todos, debemos impedir que nos terminemos de convertir en otra nación marcada por la hambruna y el caos. La crisis que agobia al país puede desbordarse hacia salidas indeseables y violentas. La Unidad ha seguido siendo un punto de contención a un estallido, porque los efectos de la violencia social son impredecibles y barrerían con todo.
Aunque en una democracia, el Parlamento simboliza el foro político por excelencia, las funciones básicas del Parlamento de controlar el gasto y el presupuesto del Gobierno, legislar en materia económica, ponerle límites a las acciones financieras del Ejecutivo y lograr que sus decisiones sean acatadas por los otros Poderes Públicos, han sido saboteadas a través de la acción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, la Ley de Emergencia y el Estado de Excepción Económica, extendida por quinta vez recientemente, es una acción para amputar las competencias de la Asamblea Nacional.
El gobierno viola de manera flagrante el artículo 338 de la Constitución, que limita a solo dos meses un decreto de excepción, y a solo dos meses una prórroga y ya llevan 10. Con el decreto, el gobierno pretende hacernos creer a los venezolanos que la economía se puede controlar y orientar en función de la voluntad de quien esté ejerciendo cargos públicos; que hay una supuesta guerra económica que nadie cree y que los problemas de abastecimiento se deben a la logística, cuando realmente se deben a la destrucción del aparato productivo nacional.
Más de 30 sentencias ha emitido la Sala Constitucional del TSJ para dejar sin efecto decisiones que han sido aprobadas en el pleno de la Asamblea Nacional. Eso en nada contribuye a la gobernabilidad en el país. Al contrario fomentan el caos.
El TSJ se ha entrometido hasta en el funcionamiento interno del Parlamento, al punto de aprobar una reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates, sobre una solicitud hecha en 2011, con lo cual se controla hasta el derecho de palabra de los diputados.
La última sentencia de la Sala del tribunal secuestrado por Maduro, habla de la actuación de un gobierno que sigue cercenando garantías contempladas en la Constitución. Pretender impedir que se le declare la responsabilidad política a Maduro y criminalizar la protesta pacífica es completamente inaceptable porque, para quien no lo sabe, en Venezuela la Constitución en el artículo 222 permite a la Asamblea Nacional adelantar un juicio de responsabilidad política a funcionarios que incumplan con sus obligaciones. En el caso de Maduro está plenamente justificado, incluso hasta la consideración del abandono de sus responsabilidades constitucionales.
Este dictamen también desconoce los derechos del pueblo, porque la movilización y la protesta pacífica, están contemplados en el artículo 68 de nuestra Constitución. Ningún magistrado, tribunal o poder público, está por encima de la Constitución. Si tuviéramos un poder independiente, ya esos magistrados estuvieran juzgados y removidos de sus cargos.
Sabemos que el TSJ está desconociendo derechos de los venezolanos y no tenemos por qué acatar decisiones nulas. Es hora de ser firmes. Tenemos el derecho de exigir que el TSJ cumpla con sus obligaciones. Los magistrados son funcionarios que están allí para cumplir la Constitución y no los caprichos de Maduro ni de su cúpula corrupta.
En una sociedad en la que no se respeten las normas, se genera la anarquía, y el gobierno, escudándose en el TSJ, no está respetando la Constitución. El gobierno quiere que Venezuela se convierta en Somalia.
A todo esto hemos llegado por el secuestro de la institucionalidad, ya que para nadie es un secreto que todos los poderes, excepto la Asamblea Nacional, son títeres de Maduro, son marionetas que el ocupante temporal de Miraflores, mueve a través de las cuerdas de la incapacidad y de la corrupción.
Equivocadamente, desde 1999, en Venezuela se introdujo un enorme desequilibrio entre las atribuciones del Presidente de la República y las de la Asamblea Nacional. Una de las competencias más negativas reside en que el jefe del Estado decide de forma exclusiva los ascensos militares para el grado de General. El resultado de esta grave distorsión es que los amigotes de Maduro, además de controlar las armas, se convirtieron en su instrumento para violar impunemente la Constitución, manteniendo el velo de la legalidad democrática.
Con cada día que Maduro pasa en el poder, la crisis se potencia. Venezuela posee el riesgo país más alto del mundo. El índice EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) le asigna a Venezuela 2.169 puntos, lo que describe lo riesgoso que es invertir en un activo en nuestro país. Si se compara el de Venezuela con el de Colombia, el contraste obtenido es notable. El de la nación vecina es de 227 puntos, lo que equivale a 1.942 puntos por debajo del EMBI calculado para nuestro país.
Si seguimos así y Maduro continua en el poder, debido a la recesión económica, la elevada inflación y las crecientes presiones de liquidez, se continuará erosionando la capacidad del gobierno para pagar sus obligaciones con el exterior durante los dos próximos años, lo que nos puede conducir a un default.
La esperanza radica en que haya en Venezuela un cambio de fondo, que ayude a levantar al país. El 78,5% de los venezolanos evalúa de manera negativa la gestión de Maduro. A diferencia de lo que quiere hacer creer el gobierno, el rechazo de los venezolanos hacia el gobierno crece cada día.
Pero además los venezolanos estamos claros que la salida debe pasar por un proceso electoral. 73,6% de los venezolanos estaría dispuesto a votar en el Referendo Revocatorio, bien sea este año 2016 o bien si por alguna razón se llegara a hacer en 2017. Debemos insistir en que se produzca un proceso comicial en el podamos elegir a un gobierno nuevo que pueda encarar la crisis. Un cambio impulsado por el voto del pueblo es lo único que nos garantizaría un cambio duradero.
Tenemos que unirnos y respetarnos teniendo claro el objetivo, que es el cambio, y que la mayoría queremos construirlo de manera pacífica, democrática, electoral y constitucional. Aquí nadie claudica, aquí nadie tira la toalla. ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!