Un memorándum confidencial con fecha 7 de abril de 2009 revela que el ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, tenía conocimiento con más de un año de antelación acerca de la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos, las cuales fueron importadas por Pdval desde 2007 y que desencadenó fuertes repercusiones en la opinión pública nacional e internacional en 2010 cuando se conoció la noticia.
Nota de prensa
En la comunicación, suscrita por el entonces Auditor General de Pdvsa, Jesús Villanueva, se alerta a Ramírez sobre numerosas irregularidades en los procesos de contratación, recepción y distribución de más de un millón de toneladas de alimentos importados, por un costo que alcanzó los 2.248 millones de dólares.
El memorándum confidencial fue dado a conocer por el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, tras una investigación de más de 9 meses acerca de la gestión de Ramírez al frente de PDVSA de 2004 a 2014, y que permitió detectar un daño patrimonial a la nación superior a los 11 mil millones de dólares.
El documento de 10 páginas señala expresamente que Pdvsa, a través de su filial BARIVEN, incurrió en graves irregularidades administrativas durante la importación de alimentos entre 2007 y 2008, tales como:
– Asignación de contratos a empresas que no presentaban la mejor oferta.
– Deficiencias en los controles de recepción de las mercancías.
– Otorgamiento de anticipos de dinero a empresas importadoras sin garantías.
– Aprobación de órdenes de compra de productos que no reunían las condiciones de calidad requeridas.
– Alimentos dañados en los rubros de caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne de res.
– Alimentos nacionalizados no despachados.
– Incumplimiento en las entregas de alimentos contratados.
– Incremento en los costos de transporte y almacenamiento de las mercancías.
El memorándum confidencial enviado en 2009 a Rafael Ramírez señala textualmente que “la distribución efectiva de alimentos fue inferior al 14% del total comprado y pagado, incurriendo en algunos casos en elevados costos de adquisición y fletes, y que a pesar de ello, no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”.
Más adelante, agrega que la denominada emergencia alimentaria obligó a Pdvsa asumir las tareas asignadas por el Ejecutivo Nacional en 2007, incurriendo en endeudamiento y delegando en Bariven dicha responsabilidad. En este sentido, el texto concluye que “…los hallazgos presentados revelan que Bariven no poseía los controles, la pericia ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos”.
El documento interno de Pdvsa conforma uno de los principales elementos probatorios de la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desfalco de la estatal petrolera. La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría detectó que el caso de los alimentos dañados causó un daño patrimonial de 1.932.637.902,50 dólares.
Por tal motivo, el diputado Guevara consignó el expediente completo de la investigación ante la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que dicha instancia inicie el proceso respectivo para la sanción de Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Bariven; así como de una veintena de funcionarios más.
La investigación, contentiva de más de 3.500 documentos probatorios entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal, concluyó que la gestión de Ramírez como presidente de Pdvsa incurrió en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de Pdval; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.
