El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Miranda a 11 funcionarios del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas, cuyos cuerpos fueron hallados este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en zonas montañosas del municipio Acevedo de esa jurisdicción.
Nota de prensa
En tal sentido, la Fiscalía 62º nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales imputará al Teniente coronel José Ángel Rojas, y a los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón.
Asimismo, serán imputados el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
Los mencionados militares están adscritos al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
A los funcionarios aprehendidos, el Ministerio Público les atribuirá varios delitos, todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Es importante resaltar que expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público trabajan en el levantamiento y la autopsia de los cuerpos, y efectúan las diligencias necesarias orientadas a su identificación.
Vale señalar que dos de las víctimas fueron localizadas el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio; mientras que las 10 restantes fueron encontradas este sábado 26 en el sector Aragüita vía a Guatopo.
Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ocurrida entre el pasado 16 y 19 de octubre. Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; posteriormente, fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café.
De inmediato el Ministerio Público comisionó a la mencionada fiscalía para investigar el hecho, la cual, actuando conjuntamente con funcionarios de la Unidad Criminalística, practicó una serie de diligencias que permitieron establecer que efectivamente los 12 ciudadanos fueron detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión.
Se debe recordar que para la aprehensión de una persona, por razones constitucionales, debe mediar una orden judicial, a menos que sea sorprendida en la comisión de un delito flagrante.
Igualmente, la autoridad debe identificarse plenamente y notificar al Ministerio Público de dicho procedimiento para que el detenido sea conducido ante un juez de control en un lapso no superior a las 48 horas.
Adicionalmente, el ordenamiento jurídico venezolano prohíbe expresamente los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene como principio de actuación del Estado, la preservación de la vida y de la dignidad de las personas.
Durante varios días continuaron las pesquisas que permitieron identificar a los presuntos autores y los sitios en los que pudieron perpetrarse los hechos, los cuales fueron abordados por expertos del Ministerio Público y de la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo comisionado para coadyuvar con la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del suceso.