Enrique Ochoa Antich y familiares de víctimas de la OLP en Caraca piden a Fiscalía Y AN investigar a Reverol Y González López por ordenar violación masiva, indiscriminada y sistemática de los DDHH
Nota de prensa
Ochoa Antich señala que las OLP no han reducido el delito pero sí han incrementado la muerte de personas en lo que pareciera ser una pena de muerte decretada desde el Ministerio de Relaciones Interiores.
Investigar y establecer la responsabilidad del ministro y del exministro de Relaciones Interiores, los generales Néstor Reverol y Gustavo González López, respectivamente, en las violaciones a los derechos humanos que se han producido en el marco de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, exigió Enrique Ochoa Antich a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y a la Asamblea Nacional. La declaración fue ofrecida en compañía de Asdrúbal Granados, Víctor Ramón Cardozo, Rossy Morales y otros familiares de víctimas de las OLP quienes narraron a los medios de comunicación los procedimientos arbitrarios de la Policía Nacional Bolivariana en el 23 de Enero durante la masacre de una decena de personas el 6 de octubre pasado y cuyos casos aún permanecen sin respuesta.
En su condición de directivo de la ONG Fundahumanos/Foro Cambio Democrático, Ochoa Antich no duda en calificar como masacre lo ocurrido en la zona de Barlovento, donde fue hallada una fosa común en la que estaban enterrados los cadáveres de al menos doce personas, y recuerda que masacres semejantes han ocurrido en Cariaco, la Cota 905 y el 23 de Enero en Caracas, y en muchos otros lugares.
En opinión de Ochoa Antich estas OLP no son más que operaciones de exterminio pues en las mismas se ha producido la muerte de 245 personas en 2015, a las que suma otras 215 muertas en otros contextos pero también a manos de cuerpos policiales y militares, llamándole la atención que en dichos enfrentamientos hayan muerto tan sólo tres policías, lo que le hace presumir que “desde los más altos mandos de las OLP, incluyendo a los generales Reverol y González, se les ha otorgado una peligrosa discrecionalidad a los funcionarios, de modo que las ejecuciones (de posibles delincuentes y de muchos inocentes) no pueden ser algo de extrañar sino que obedecen a un diseño militarista y represivo concebido desde el MRI”.
Estas prácticas constituyen una clara violación masiva, indiscriminada y sistemática de los derechos humanos, por lo que exige a la fiscal Luisa Ortega Díaz que ordene una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades a que haya lugar y a la AN declarar la responsabilidad política de Reverol y González.
–En Venezuela se cometen hoy 1,2 ejecuciones diarias, la cifra más alta de nuestra historia democrática desde 1989/1990, afirma el directivo de Fundahumanos/Foro Cambio Democrático.
Recuerda que alertó ya hace unos meses que las OLP no habían sido exitosas para reducir los preocupantes y crecientes índices de criminalidad que existen en el país, pues desde su implementación había aumentado el número de homicidios. “Si en 2013, era de 79 cada 100.000 habitantes, y en 2014 la cifra ascendía a 82, en 2015, año en que se dio inicio a las OLP, alcanza un registro histórico, al situarse en 90 muertes cada 100.000 habitantes, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia”, apunta Ochoa Antich.
Refiere también que el número de secuestros se ha incrementado de manera exponencial y cita al abogado y criminalista Fermín Mármol García quien señala que los homicidios han crecido 12% mientras que los secuestros han aumentado en 170% durante la vigencia de las OLP.
A continuación la carta entregada a la fiscal Luisa Ortega Díaz:
Le escribo estas breves líneas, aún impactado por la que ya podemos llamar masacre de Barlovento, hecho que nos evoca oscuros episodios de nuestro pasado. No quiero referirme aquí en particular a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, ejecución y posterior inhumación en fosa común de doce (posiblemente más) compatriotas por parte de funcionarios militares en un acto que constituye una violación elocuente de todos los derechos humanos más esenciales: el de la libertad, el del debido proceso, el de la integridad física y el de la vida. Tampoco reducir este horror a un asunto meramente jurídico en que enumeremos los artículos de nuestra Constitución en materia de derechos humanos que han sido violentados y pisoteados. Quiero referirme al hecho muy grave de la responsabilidad directa del general Néstor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia, y de Gustavo González López, exministro de Interior y Justicia y actual director del SEBIN, en el conjunto de las masacres perpetradas por las mal llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo que, a más de un año de su implementación, han perpetrado más ejecuciones que las que se produjeron entre 1989 y 1990 que hasta hoy era el período con más alto promedio de nuestra historia democrática. Como recuerdo triste de esta orgía de barbarie y muerte queda la frase del presidente Nicolás Maduro cuando al juramentar al general Reverol, expresó: “He designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz para que su experiencia vaya a fortalecer las OLP”.
El 19 de julio próximo pasado hice público a las puertas de su despacho en mi condición de directivo de la ONG Fundahumanos/Foro Cambio Democrático, un pronunciamiento con ocasión de cumplirse un año de la implementación de este sangriento sistema, cuyo contenido copio más abajo. Entonces, ya alertábamos sobre la perspectiva sombría que, de seguirse implementando, tendría un esquema de represión masiva, indiscriminada y sistemática como ése. Enunciábamos entonces lo siguiente:
*1,2 ejecuciones diarias por parte de fuerzas de seguridad del Estado se produjeron en Venezuela de julio 2015 a julio 2016.
*Según el Ministerio Público 245 personas murieron en el marco de las OLP en 2015 que sumadas a las 215 ejecuciones registradas por Provea en contextos distintos a la OLP, arroja la cantidad de 460 casos de violación al derecho a la vida.
*Según cifras de la propia Fiscalía, los homicidios han aumentado luego de implementada la OLP.
Afirmamos aquella vez:
*La represión masiva sólo incrementa la violencia por parte de la delincuencia.
Y expresamos a título de demanda:
*Exhortamos a Maduro, Istúriz, Rodríguez y al gobierno en general a encauzar la OLP por vías civiles y de inteligencia para que sea efectiva.
*Solicitamos investigar a los altos mandos de las OLP que son los del Ministerio de Interior.
Muy poco después, el general Reverol fue juramentado como nuevo Ministro de Interior y Justicia y con mucha rapidez se encargó de probarnos que venía al cargo con el propósito de ahondar la atrofia represiva de este sistema de supuesto combate al delito: el 6 de octubre se produjeron 19 muertes, 12 en el 23 de Enero en Caracas. Llamó la atención que:
*Todas las muertes se presentaran como supuestos enfrentamientos.
*Las armas recuperadas fuesen un número menor que los fallecidos.
*Ningún funcionario policial ni militar fuese siquiera herido.
De inmediato, aparecieron testimonios de familiares que sembraban dudas sobre las muertes ocasionadas.
El lenguaje con el que el ministro Reverol dio parte aquella vez de lo sucedido, hablando de ultimados y abatidos, revela un hecho que no tengo dudas en afirmar:
*Desde los más altos mandos de las OLP, incluyendo a los generales Reverol y González, se les ha otorgado una peligrosa discrecionalidad a los funcionarios, de modo que las ejecuciones (de posibles delincuentes y de muchos inocentes) no pueden ser algo de extrañar.
De ser así, estaríamos hablando de una corresponsabilidad de los generales Néstor Reverol y Gustavo González en las ejecuciones y masacres perpetradas con ocasión de estos Operativos mal llamados de Liberación del Pueblo.
El Artículo 285 de la Constitución de la República, en su numeral 5, otorga al Ministerio Público la atribución de Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o las funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
Es por ello que pedimos de usted incluya en las investigaciones de todos los delitos cometidos durante el desempeño de las OLP a sus más altos mandos, incluyendo a los dos ministros de Interior y Justicia que las han gerenciado: Néstor Reverol y Gustavo González.
En el pronunciamiento más arriba mencionado, denunciamos la violación masiva y sistemática a los DDHH durante las OLP (el plan 22 del gobierno en materia de seguridad) cuyas cifras, con base a lo declarado por usted y al informe Provea publicado el pasado mes de abril, son semejantes y pueden ser superiores a las que se ocasionaron con ocasión de los sucesos del 27F de 1989 que yo conocía de cerca y denuncié.
Lo más irónico de todo es que hoy las estadísticas de criminalidad siguen creciendo:
*El índice de homicidios en Venezuela sigue subiendo de manera imparable. Si en 2013, era de 79 cada 100.000 habitantes, y en 2014 la cifra ascendía a 82, en 2015, año en que se dio inicio a las OLP, alcanza un registro histórico, al situarse en 90 muertes cada 100.000 habitantes, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia.
*Pero incluso según la Fiscalía, la media mensual de homicidios “a causa de un homicidio intencional o doloso” en 2016 es ya de 1.565, superior a la de 2015 que fue de 1.440.
*El criminalista Fermín Mármol ha informado que los homicidios se han incrementado al menos en un 12 % y los secuestros en un 170 % durante el período de vigencia de las OLP.
Mientras las OLP no resuelven el drama de los homicidios, la delincuencia, y la falta de seguridad ciudadana, provocan una masiva y sistemática violación a los DDHH de personas inocentes (y ojalá que Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz y Jorge Rodríguez, por mencionar tres nombres, con quienes compartimos tantas luchas por los DDHH en el pasado, se percaten del horror del cual son corresponsables y encaucen las OLP por derroteros de mandos civiles y más de inteligencia preventiva que de represión masiva):
*Usted indicó que 245 personas murieron en el marco de las OLP en 2015 que sumadas a las 215 ejecuciones registradas por Provea en contextos distintos a la OLP, arroja la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante 2016: 1,2 ejecuciones diarias. ¿Cuantas por enfrentamientos ciertos? Esta cifra constituye, según Provea, un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre 1989 a septiembre 1990 que era la más alta hasta ahora de toda nuestra historia democrática.
*Puede proyectarse que durante un año de OLP, se pueden haber producido 500 muertes, de acuerdo a las cifras oficiales.
*Y sólo se identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad en el contexto de las OLP: cuando el contraste es de 250 a 3, es claro que algo anda mal; 80 veces más mueren ciudadanos que policías durante las operaciones militares/policiales: es evidente que la mayor parte de las muertes (80 a 1, me atrevo a decir) es debido a ejecuciones y no a enfrentamientos. Basten como ejemplos:
-Las 14 muertes durante la implementación de la OLP en la Cota 905 en julio de 2015 para recuperar 20 carros robados y unas armas.
-Los muchos detenidos/ejecutados (como los hermanos Jonathan y Jorge Luis Olivares, de 32 y 31 años; en Zulia).
–Simulación de enfrentamientos (como en la ejecución de Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama; en Margarita).
*Se opera a través de detenciones masivas, iguales a las redadas que vi y denuncié durante los 80 y 90, y que la experiencia indica que resuelven menos que los daños que causan pues así se afecta la base de apoyo de los cuerpos policiales: 14.000 personas durante operativos entre julio y enero, con la intención de “verificar” si eran buscadas por su participación en delitos, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente acusadas por algún delito; golpizas y otros abusos contra detenidos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales.
*17.000 casos de allanamientos ilegales, sobre todo casas de la Misión Vivienda.
*793 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, un incremento de 25,6%.
*17.337 detenciones arbitrarias, que representan un aumento de 496%, fundamentalmente de comunidades populares.
*Demolición de viviendas en sectores populares lo que ha producido un desplazamiento interno violento, afectando a las personas más pobres, criminalizándoles por el hecho de vivir en condiciones de pobreza.
*Representantes del Ministerio Público manifestaron a PROVEA que sólo 25 agentes de seguridad están siendo investigados: cifra excesivamente baja si se contrasta con el volumen de violaciones a los DDHH cometidas.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos de usted que junto a la sanción de los funcionarios directos responsables de estas violaciones a los DDHH, ordene una investigación contra los mandos de la OLP a nivel nacional, lo que incluye a las altas autoridades del Ministerio de Interior, pues no se trata de hechos aislados sino del resultado de órdenes y esquemas superiores. Es lo que explica que no estemos hablando de violaciones aisladas de DDHH sino de un fenómeno de violación masiva y sistemática.