La amenaza de una guerra civil se ha convertido en un chantaje para estabilizar al gobierno de Maduro. Y la presencia del Vaticano en la mesa de negociaciones se usa como paragua para protegerse de la Carta Democrática Interamericana y del rechazo de la comunidad internacional.
Antes de la llegada a Venezuela del Nuncio Emil Paúl Tscherrig en representación del Papa Francisco, la iglesia católica venezolana definió claramente su pensamiento sobre la naturaleza totalitaria del sistema político ideológico impuesto en nuestro país.
Las palabras de nuestros obispos, expresadas en densos y contundentes documentos, no dejan dudas sobre lo que piensan los curas que en todo el país palpan en directo las miserias a las que nos ha conducido el socialismo del siglo XXI.
La Conferencia Episcopal ha calificado al sistema impuesto en el transcurso de estos 17 años cómo un proyecto “totalitario comunista”, destinado a controlar todos los espacios de de la vida ciudadana y de las instituciones públicas y privadas del país.
Los documentos suscritos por los Obispos denunciaron que la democracia venezolana está resquebrajada, y que el diálogo debería tener como escenario a la Asamblea Nacional, por ser ésta la representante del pluralismo político expresado en el voto popular.
Por su parte el Viceprovincial Jesús Virtuoso en documento dirigido A LOS HERMANOS JESUITAS Y LAICOS (3-10-2016), comparó la situación venezolana con “una olla de presión sin válvula de escape”. Y definió a la etapa que vivimos como un tiempo de tragedia, en el que el empobrecimiento es masivo en medio de la frustración y la rabia colectiva, y expresó que frente a una violencia impune “el autoritarismo político y la hegemonía comunicacional pretenden imponer un mundo demagógico y falso”.
Para la compañía de Jesús el gobierno es ilegítimo, y a pesar de estar en minoría electoral controla todos los poderes públicos con excepción de La Asamblea Nacional.
En nuestro país, según los jesuitas, se vive en medio de una situación de violencia institucionalizada y de “pecado estructural”, y, “los dones de la vida y de la paz están constantemente amenazados”.
Esos conceptos expresados por la jerarquía católica constituyen la más radical condena de la Iglesia a gobierno alguno en la historia del país. De esa manera, el clero venezolano sentencia severamente la moralidad del régimen, y se pronuncia por la salida pacífica de la crisis a través del proceso revocatorio establecido en la Constitución nacional.
Hasta el 24 de octubre, cuando el enviado del Papa anunció, desde el Hotel Meliá el inicio de las conversaciones gobierno-oposición, la conducta de los dirigentes de la UNIDAD parecía orientada a enfrentar a lo que calificaban como DICTADURA mediante movilizaciones de calle, intensificación de las protestas, enjuiciamiento de Maduro y solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
En la ruta fijada por la MUD participaban en perfecta solidaridad, y con renovadas esperanzas, millones de compatriotas que tomaron las calles exigiendo el revocatorio presidencial y el cambio radical del régimen.
De manera reiterada los más importantes líderes partidistas de oposición negaron los rumores sobre acuerdos con el gobierno sin lograr antes la libertad de los presos políticos y la convocatoria al referéndum revocatorio. En ese contexto son abundantes las declaraciones y pronunciamientos aparecidos en los medios de comunicación durante el tiempo previo a la llegada del enviado del Vaticano.
Vemos como la Asamblea Nacional denuncia formalmente en sesión del domingo 23 de octubre “la ruptura del orden constitucional en Venezuela”. Acuerda igualmente el parlamento solicitar a nivel internacional la activación de “todos los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela”, y determinar la situación constitucional del Presidente de la República mediante el estudio de su doble nacionalidad y la determinación del abandono del cargo.
Además los diputados emplazan a la Fuerza Armada a “no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales”; convocan a la ciudadanía “a la defensa activa de la Constitución hasta lograr la restitución del orden constitucional”, y acuerdan denunciar ante la Corte Penal Internacional a los jueces regionales y rectoras del Poder Electoral que suspendieron el referéndum presidencial. Los asambleístas calificaron la arbitraria actitud de esos jueces y del Consejo Nacional Electoral como un golpe de estado.
Sin embargo, a la par de esa vigorosa ofensiva opositora circulaban versiones sobre la inminente instalación de una mesa de diálogo acompañada por la representación de alto nivel enviada por el Papa Francisco.
La versión toma cuerpo cuando se conoce la noticia de la entrevista que el Papa concede a Nicolás Maduro el día 24 de octubre en horas de la noche.
Inmediatamente después de la inesperada reunión, Maduro explica que en ese encuentro agradeció al Santo Padre el apoyo dado “para que por fin y definitivamente se instale una mesa de diálogo entre los distintos factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido”.
En respuesta a esos acontecimientos, el 25 declara el gobernador Capriles: “¿cuál diálogo?, en Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo, la agenda de la MUD sigue intacta. Ellos pretenden usar la buena fe del Papa Francisco, y la buena fe del Nuncio para decir…aquí no ha pasado nada”.
Y Henry Ramos en esa misma oportunidad dice que “si iban los partidos al diálogo promovido por el Vaticano, acudiríamos. Como ahora todos nos enteramos por televisión, nosotros tampoco vamos”.
Por su parte el dirigente de Voluntad popular Luis Florido niega la existencia de condiciones para dialogar con el gobierno, y en cambio afirma: “vamos a debatir el juicio político, podemos estar a las puertas de la destitución de Nicolás Maduro”.
Sin embargo cuando llega el Nuncio Emil Paúl Tscherig cambia brusca y sorpresivamente el rumbo de los acontecimientos políticos nacionales, y se produce un viraje radical en la actitud de algunos de los partidos integrantes de la MUD.
El emisario del Vaticano al anunciar el inicio de las conversaciones gobierno-oposición, explica en rueda de prensa realizada en el Hotel Meliá Caracas, que estos encuentros se vienen preparando desde hace cuatro meses, y agradece al Secretario General de UNASUR, así como a los ex presidentes Zapatero, Torrijos, y Fernández las gestiones realizadas para hacer avanzar el proceso de diálogo.
Y en un documento que suscriben de manera conjunta los delegados del gobierno, los representantes de la oposición y el grupo de acompañantes, el representante de Francisco da a conocer los objetivos de las reuniones a iniciarse.
El documento leído por el Nuncio señala entre otras consideraciones, que se trata de lograr pacíficamente, “la superación de las coyunturas económicas, sociales, políticas institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia democrática que requiere la sociedad venezolana”.
Por su parte, Chuo Torrealba hace circular algunos mensajes en las redes sociales en los que entre otros argumentos plantea una supuesta alternativa entre “la esperanza o la matanza”. En otras palabras el Secretario General de la MUD indica que si no dialogamos con el gobierno vendrá un baño de sangre.
En su muy peculiar estilo discursivo, declara Torrealba que el diálogo con la participación del Vaticano es un triunfo de la oposición y que han obligado al gobierno a sentarse a conversar. Califica la mediación papal como un “bálsamo” y pide que “resignifiquemos la palabra diálogo para construir un país mejor”. Con estos planteamientos quedan congelada, en menos de 24 horas y por orden de no se sabe quien, una agenda en la que la mayoría parlamentaria había aprobado dos días atrás medidas de trascendentales repercusiones para la vida institucional del país.
Denunciar la ruptura del orden constitucional, solicitar la intervención de la OEA y demás organismos internacionales, demandar ante la Corte Penal Internacional a jueces y rectores del CNE, y llamar a la Fuerza Armada a desobedecer órdenes superiores, son medidas políticas y jurídicas de gran envergadura que a al ser aprobadas por la representación popular deben ser obligatoriamente cumplidas, a menos que esa misma representación popular decida revocarlas en una sesión formal y con base a sus reglamentos internos.
Sin embargo, sin dar mayores explicaciones al país, una parte de la MUD acude al encuentro con el gobierno y asume una especie de investidura plenipotenciaria, que nadie le ha otorgado, pero que sin embargo utilizan para frenar una ofensiva democrática, pacífica y constitucional respaldada activamente por las grandes mayorías nacionales y por la comunidad internacional.
Sin exigir las condiciones previas que hasta entonces consideraban irrenunciables e irreversibles esa parte de la MUD suspende el juicio a Maduro, accede a retirar a los diputados de Amazonas irrespetando la soberanía popular reflejada en los resultados electorales de esa región, y congela las exitosas gestiones realizadas en la OEA y ante otras instituciones internacionales.
En cambio el gobierno liquida el revocatorio, los presos políticos continúan en las cárceles y frente a una crisis económica, política y social que avanza indetenible la unidad de la oposición se resquebraja en medio de la incertidumbre nacional.
Enjuiciando esos temas, muy bien han dicho los ex presidentes integrantes del foro Iniciativa Democrática de España y América (IDEA), Laura Chinchilla, Oscar Arias, José María Aznar, Nicolás Ardito Barleta, Belisario Betancourt, Armando Calderón Sol, Felipe Calderón, Rafael Angel Calderón, Alfredo Cristiani, Fernando de la Rua, Vicente Fox, Eduardo Frei, Jorge Quiroga, Miguel Angel Rodríguez, Oswaldo Hurtado, Luis Alberto La Calle, Jamil Mahuad, Luis Alberto Monge, Mireya Moscoso, Andrés Pastrana, Sebastíán Piñera, Alvaro Uribe y Juan Carlos Wasmosy en carta recientemente dirigida a la OEA, que en la posición expresada en el documento conjunto de gobierno y MUD “se omite lo sustantivo en cualquier democracia, el respeto a la soberanía popular y el derecho al voto como vía para superar en libertad los conflictos políticos y lograr una paz sustentable con fundamento en la justicia”.
Según el grupo de ex mandatarios, “ese diálogo, como distracción, prostituye a la democracia y a su esencia”, “ignora a la Asamblea Nacional depositaria de la soberanía popular en toda democracia” y deja de lado la libertad de los presos políticos condición imprescindible para lograr cualquier acuerdo. Denuncian además que el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a manifestar y ha prohibido a la Asamblea Nacional realizar el juicio al Presidente. Finalmente piden a la OEA la elaboración de un informe en donde el organismo regional plantee las alternativas inmediatas que permitan recuperar el orden democrático en Venezuela.
Mientras se agrava la crisis, la oposición sufre su más grave quebranto al persistir, una parte de la MUD, en un supuesto diálogo que la opinión pública rechaza, que no representa a nadie y que puede significar la liquidación de un liderazgo hasta hace pocos percibido como capaz de dirigirnos exitosamente al rescate de la libertad y la democracia.
Caracas, 28-11-2016