Finalizada la 26ª sesión del Grupo de trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, los 193 Estados miembros han sido revisados por segunda vez en materia de derechos humanos, lo que implica que por segunda vez se obtuvo un 100% de participación en este mecanismo. Durante esta sesión fue el turno de Venezuela (junto a otros nueve países) de ser evaluada.
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró al respecto que Venezuela “triunfó” y “salió eximida” en materia de derechos humanos. El representante permanente de nuestro país ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, tuvo una opinión similar y se congratuló en los siguientes términos: “Venezuela sacó las más altas calificaciones, porque de las recomendaciones que hicieron los estados la mayoría de ellas están siendo implementadas”.
Valero anunció también que el Estado asumió 24 compromisos voluntarios en el marco de este examen. La mayoría de esos compromisos se dirige al reforzamiento de planes que ya adelanta el gobierno nacional, y se establecen objetivos muy generales que no definen metas concretas ni plazos estimados de cumplimiento.
En lo relativo a la Justicia, por ejemplo, se comprometen a “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, lo que sería muy positivo de no ser por el hecho de que no queda claro cuándo se convocarán dichos concursos, para cuántos cargos concretamente o con qué periodicidad. Al revisar la página web del Ministerio Público se encuentra que el último concurso para el ingreso a la carrera fiscal data de 2011, lo que es ya bastante malo pero palidece junto a los concursos para jueces, que no se realizan desde 2003.
Lamentablemente, en Acceso a la Justicia no tenemos una visión tan optimista del resultado del EPU. En el primer ciclo del examen intervinieron 50 países en la fase interactiva con Venezuela, con el resultado de 148 recomendaciones al Estado. En esta ocasión, el número de participantes subió a 103 y se recibieron 279 recomendaciones, lo que muestra que el interés por la situación del país se ha incrementado notablemente.
Además, al ver los compromisos voluntarios asumidos por el gobierno, encontramos que de las diez recomendaciones que más países apoyaron en Ginebra, ninguna figura en el planteamiento de los mismos. Esto es, las recomendaciones brillan por su ausencia en los compromisos del Estado.
La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información (apoyada por 34 países), el respeto a la independencia de los Poderes Públicos (21 países), la garantía del derecho a la educación a todos los niveles (15 países), la petición de que se acepte la visita de relatores de Derechos Humanos al país (9 países) y de que se ratifique el Protocolo Facultativo contra la Tortura (8 países), son excelentes ejemplos de cómo sí existen cuestionamientos importantes a la gestión actual en materia de Derechos Humanos que hacen impensable afirmar que estemos “eximidos” o siquiera aprobados en estos temas.
Y tú venezolano, ¿qué puedes hacer?
Las recomendaciones que surgieron del Examen Periódico Universal confirman que, tal como hemos venido denunciando numerosas organizaciones de la sociedad civil, los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados y esta es una situación que un Estado democrático no puede simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la realidad desaparece.
Ante esta situación es poco lo que en la práctica podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello, reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.