El Gobierno irlandés ha ofrecido una compensación de 30.000 euros a una mujer que viajó al Reino Unido para abortar porque la estricta legislación de este país no se lo permitía, confirmaron hoy fuentes oficiales.
EFE
Amanda Mellet estaba en la vigésimo primera semana de gestación cuando se desplazó en 2011 al país vecino con su pareja para terminar su embarazo, ya que el feto presentaba anomalías congénitas y los médicos advirtieron de que moriría en el útero o poco después de nacer.
Tras analizar el caso, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictó el pasado junio que la ley del aborto irlandesa sometió a la embarazada a un “trato discriminatorio y cruel, inhumano y degradante”.
En consecuencia, consideró que el Gobierno de Dublín estaba obligado a compensar a Mellet, quien solo pudo permitirse permanecer 12 horas en el Reino Unido para abortar por carecer de los recursos económicos suficientes.
El ministro irlandés de Sanidad, el democristiano Simon Harris, se reunió con la pareja este martes para presentar la posición de su Gobierno ante el dictámen de la ONU y ofrecer 30.000 euros, explicaron hoy fuentes oficiales, que precisaron que ese pago es voluntario, pues el Estado no está obligado legalmente a entregar una compensación económica.
Harris se ha comprometido, asimismo, a poner a disposición de Mellet “todos los servicios psicológicos apropiados”, según ordenó también el Comité de DD.HH. de la ONU.
El Gobierno de Dublín tiene de plazo hasta el próximo martes para presentar a ese organismo un detallado plan de acción para cumplir con la legislación internacional sobre derechos humanos.
El Ejecutivo del primer ministro, el democristiano Enda Kenny, promulgó en la anterior legislatura, cuando gobernó en mayoría con el Partido Laborista, la primera ley sobre el aborto de la historia de la República de Irlanda.
Desde 2014, la nueva legislación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio.
No obstante, organizaciones humanitarias han denunciado que esta ley continúa siendo una de las más restrictivas y represivas del mundo pues prohíbe, por ejemplo, el aborto en casos de violaciones, incestos y anomalías fetales, que está castigado con penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo procuran.
Harris ha recordado que la cuestión del aborto está siendo analizada por la llamada Asamblea Ciudadana, un órgano consultivo compuesto por expertos en diferentes campos que presentará próximamente un informe al Gobierno, con vistas a la celebración de un posible referéndum.
El titular de Sanidad ha recalcado que un artículo de la Constitución irlandesa protege los derechos de los “no nacidos”, lo que impide modificar la legislación vigente para que contemple la terminación de embarazos cuando el feto presenta anomalías mortales.
Ese artículo solo puede eliminarse si así lo decide la mayoría del electorado en una consulta popular, que levantaría fuertes emociones en un país todavía profundamente católico.
En un comunicado, Mellet se declaró “inmensamente agradecida” por el gesto del Gobierno y la “disculpa personal” del ministro, aunque aseguró que no podrá “superar” su trauma mientras “otras mujeres se vean obligadas a salir del país” para abortar.
Amnistía Internacional ha celebrado que el Ejecutivo haya “aceptado las conclusiones de la ONU” y accedido a conceder una compensación, mientras que el Centro de Derechos Reproductivos, que representa legalmente a Mallet, consideró que se ha “dado un paso adelante” para resolver esta situación.
Según cifras oficiales, hasta 3.451 mujeres embarazadas que residen en Irlanda viajaron en 2015 al Reino Unido para someterse a un aborto.