El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, aseguró que una de las principales dificultades que encuentra ese sector en Margarita es la falta de los materiales esenciales para la construcción de proyectos para el mercado primario, reseña El Sol de Margarita.
González, quien estuvo en la Isla para juramentar la nueva directiva de la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta, la cual quedó presidida por Carolina Flores para los próximos dos años, afirmó que ese sector lleva 25 trimestres en “caída libre” y no se vislumbra una recuperación en el corto o mediano plazo.
Admitió que pese a todo eso, el mercado inmobiliario insular había mantenido ciertas ventajas con el resto del país, pero actualmente la oferta en el mercado primario y secundario es inexistente, al igual que los inmuebles para arrendamiento.
A eso se suma la falta de confianza y seguridad jurídica, lo cual aleja a los inversionistas, aunque no duda que Margarita será una de las zonas con más pronta recuperación en caso de cambios a nivel económico, pero más rápido con cambios políticos, según expresó González.
“El escenario inmobiliario de este año es dramático en todo el país”, expresó al solicitársele un balance del sector para el cierre de 2016.
Dejó claro que aun cuando el precio del dólar se multiplicó por tres en las últimas semanas, los precios en el mercado inmobiliario no han ido a la par, sino que paradójicamente han bajado la misma proporción en divisas e incluso en bolívares, producto de la inflación galopante.
Aseguró que actualmente al 80% de los venezolanos apenas les alcanza para comer, mientras un 10% hurga entre la basura para alimentarse, por lo que mal pueden tener aspiraciones de adquirir soluciones habitacionales.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela deploró la decisión de las autoridades del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) de impedir que las negociaciones se hagan a través de las notarías públicas del país.
Indicó que desde el punto de vista de la legalidad, la medida es inconstitucional porque siendo un ente administrativo, no puede estar por encima del Código Civil, de la Ley de Notariado o del Registro Público.
Reiteró que un órgano administrativo no puede impedir que las personas negocien sus bienes raíces como lo deseen, incumpliendo el artículo 20 de la Constitución Nacional, que así lo estipula.
En lo que respecta a la practicidad, González indicó que desde hace muchos años, para ese sector ha sido preferible hacer las negociaciones a través de los registros e incluso mencionó que el 80% de las transacciones de bienes raíces se venía haciendo por esa vía.