En un nuevo episodio de los enfrentamientos entre los poderes públicos venezolanos, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el martes en el cargo a dos miembros de la autoridad electoral al margen de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
Por JORGE RUEDA, Associated Press
El poder legislativo es el depositario de dicha facultad, pero el máximo tribunal indicó que la designación se efectuó como “medida indispensable por haber expirado el período constitucional correspondiente” el 4 de diciembre y por “la falta de diligencia en el trámite” de la designación respectiva por parte de la Asamblea Nacional.
La sentencia, continúa el escrito, está además en concordancia con el hecho que el Legislativo “se encuentra en desacato al Poder Judicial, lo que determina la nulidad de todas sus actuaciones”, incluidas las leyes que sean sancionadas. Por dicho desacato se refiere al incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de una sentencia de la Sala Electoral que bloqueó la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Socorro Hernández y Tania D’Amelio, antiguas militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron designadas para ocupar por siete años más (2016-2023) dos plazas en el directorio de cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas serán juramentadas el miércoles, se informó.
En un principio se anunció que el período finalizaría en 2022, pero posteriormente se anunció en un comunicado que terminará en 2023.
Cuatro de los actuales miembros del CNE, entre los que se incluyen Hernández y D’Amelio, son ampliamente considerados como simpatizantes del oficialismo, según los críticos. Sólo uno ha tomado posiciones más críticas durante su gestión.
El Tribunal Supremo, que también es acusado de estar bajo el control del oficialismo, después de un año no ha emitido una sentencia firme sobre la supuesta compra de votos y tampoco ha revertido su dictamen de desacato, a pesar de que los tres congresistas opositores de Amazonas pidieron en noviembre ser desincorporados de sus curules en atención a una solicitud del Vaticano, que funge como facilitador del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición para solucionar la crisis del país.
El máximo tribunal dio a conocer su nuevo dictamen apenas unas horas después de que el Legislativo, que está bajo el control de la oposición por primera vez en 17 años, aprobara el martes un acuerdo que declara la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en el incumplimiento de sus deberes constitucionales.
El juicio por presunto abandono de dichos deberes es simbólico y no puede provocar la destitución del presidente —ya que la Constitución no otorga ese poder al Legislativo_, pero según algunos analistas este podría derivar en una “sanción moral” al mandatario, cuya popularidad se ha visto afectada por la crisis. AP