La asociación civil Acceso a la Justicia se pronunció a través de un comunicado para rechazar las persecuciones que ha ejecutado la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) contra los comerciantes en el país durante la temporada navideña y que ha opacado la época para los venezolanos sumando a ello la escasez de alimentos, medicinas y hasta dinero en efectivo.
A continuación lea el contenido completo del texto:
Con arbitrariedad no hay Navidad
Sobre los actos de la SUNDDE en estas Navidades en Venezuela
La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Mahatma Gandh
En estas navidades, en medio de una inédita escasez de alimentos, medicinas y hasta de efectivo, el Superintendente Nacional de la SUNDDE (Superintendencia de Precios Justos) anunció que tomó importantes medidas para entregar juguetes y ropa a la población (sin decir nada sobra la ausencia de alimentos o medicinas), mediante el decomiso de casi 4.000.000 de juguetes a la empresa Kreisel, la detención de dos de sus gerentes y la rebaja de hasta un 80% de la ropa de EPK, un empresa de ropa infantil, sin seguir procedimiento administrativo alguno.
La opinión de Acceso a la Justicia sobre esta actuación coincide con la expresada por la profesora María Alejandra Correa en un artículo escrito sobre lo ocurrido:
… “estas medidas son ilegales, además de intrínsecamente incoherentes con el discurso socialista, al promover el acceso al consumo de bienes no esenciales para una sociedad, sumergida en una crisis humanitaria, imposibilitada de acceder a los alimentos y medicinas necesarios para subsistir.
La aplicación de medidas sancionatorias respecto de la actuación de los comerciantes solamente se justifica en caso de incumplimiento de las normas, no cuando el gobierno nacional quiera proveer a los particulares de bienes para garantizarles navidades felices (según lo que se reporta en su página web como la causa de esas actuaciones).
La inmediatez de la medida y la ausencia del procedimiento debido, para la debida verificación de la estructura de costos, son evidencias que la Administración no constató el incumplimiento por parte de los comerciantes y que su objetivo se limitaba a repartir los bienes del comercio, como parte de una política de dádivas para someter a las masas, haciéndoles creer que actúa contra la causa de los problemas económicos.
(…)
Ese proceder de la Administración Pública evidencia una serie de irregularidades: omisión del debido procedimiento administrativo, desviación de poder y violación de los derechos a la defensa y a la libertad económica” (Resaltado nuestro).
Acceso a la Justicia observa que si se analiza la página de la SUNDDE, este organismo justifica estas medidas, demostrando que tanto Kreisel como EPK fueron objeto de investigaciones previas y de ellas resultaron violaciones concretas a la Ley Orgánica de Precios Justos. Lo extraño de estos casos es que importar tanto 4 millones de juguetes no es algo que se haga sin el conocimiento del gobierno ni de un día para otro, y a pesar de ello se esperó a las fechas navideñas para anunciar la medida, y esto mismo puede decirse de la distribución de ropa infantil en una red nacional de tiendas. La pregunta en ambas situaciones es la misma: ¿la arbitrariedad sirve de algo? ¿ayuda a salir de la crisis en la que nos encontramos?
La respuesta es obvia, de la arbitrariedad nada positivo sale y por el contrario estas actuaciones masivas refuerzan al funcionario de bajo rango que le quita (no decomisa) a alguien un paquete de harina “porque le da la gana, que es lo que ocurre en Venezuela a diario.
Es decir, estas actuaciones verticalizan y legitiman la arbitrariedad y el derecho de propiedad y el debido proceso son sólo molestias formales de las que los funcionarios pueden desprenderse cuando les parezca.
Al respecto Acceso a la Justicia observa que ninguna norma permite violar el debido proceso administrativo establecido en la Constitución (artículos 49 y 141), ni siquiera en un estado de excepción, porque esta norma no puede ser siquiera restringida, menos aún suspendida (artículo 337).
De hecho, de acuerdo a la Constitución, la SUNDDE debería antes de sancionar y sobre todo, de confiscar o proceder a hacer rebajas unilateralmente como lo hizo en este caso, dictar un acto administrativo con las razones y pruebas claras de su investigación e imputación, luego, notificarlo a las empresas, y después, abrir un procedimiento para que estas se defiendan para finalmente tomar una decisión y eventualmente, imponer las sanciones correspondientes. Pero en las actuales circunstancias, donde las imágenes muestran a un funcionario llegar a un local comercial y “ordenar” que se rebajen los precios, así sin ton ni son, ese debido proceder no es más que ciencia ficción.
La actuación de los fiscales de la SUNDDE en algunos casos fue repudiada por los consumidores, en otros no. Pero la violación de derechos humanos no se juzga por su popularidad, se trata de un asunto de justicia y de derechos, no de demagogia.
El gobierno ha dicho que los juguetes serán repartidos a través de los CLAP. Sin embargo, cuando se analizan las noticias sobre las distribuciones de juguetes realizadas, su número no se corresponde con el de los juguetes decomisados.
Volvemos a vivir lo que ocurre en la obra de Orwell, como se explicó en nuestra nota de los Bs. 100, pero esta vez no estamos en 1984, sino “Rebelión en la Granja” donde la leche que se ordeña no corresponde a la que se le da a los animales y luego, se justifica que solo debe ser consumida por los líderes. ¿Eso es lo que pasó con los juguetes no distribuidos, que en realidad se repartieron entre personas cercanas a los líderes del gobierno o entre estos mismos?
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Mientras haya arbitrariedad, no habrá respeto del ciudadano ni de sus derechos. Mientras no se respete la iniciativa privada, hasta la del ciudadano más pobre que comercia y emprende, no habrá prosperidad ni producción.
El quitarle los bienes a las empresas privadas o rebajarlos por debajo de su costo, lo que genera es que nadie quiera producir ni trabajar en Venezuela, y esto produce más escasez, habida cuenta además que el gobierno ya está demostrado que no produce y cuando lo hace es ineficiente.
La Ley Orgánica de Precios Justos castiga a quienes trabajan y emprenden y desincentiva la producción. Esta ley, en efecto, ha traído pobreza y escasez. Lo había vaticinado el mismo creador de la doctrina del “socialismo del siglo XXI”, quien escribió el libro con ese título y apoyaba a Chávez en sus primeros tiempos, Heinz Dieterich, quien en 2011, frente al primer decreto-ley de precios justos reaccionó llamándolo irónicamente “el milagro económico” y se alejó del régimen, explicando a lo que esta ley conduciría. Para nuestra desgracia, Dieterich no se equivocó.
A pesar de ello, siempre tenemos que tener esperanza, como dijo Mandela: “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno de hacer las cosas bien”. Ojalá pronto llegue ese momento y los venezolanos entendamos que no se debe castigar a quien genere empleo ni a quien trabaja, sino a quien roba y agrede, y que la violencia y el resentimiento no son los medios para crear una sociedad más justa. Si seguimos así, ojo por ojo, como dijo Gandhi, al paso que vamos, quedaremos ciegos.