La seguridad ciudadana está definida en el artículo 55 de la Constitución de 1999 como el derecho de los ciudadanos a ser protegidos frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de su vida, integridad física y propiedades. Sin embargo, la realidad es otra: ninguna familia venezolana ha escapado a las embestidas del hampa y la violencia, de modo que el ciudadano está acorralado por la delincuencia.
Desde 1999 hasta la fecha, la lucha contra la criminalidad ha sido un total fracaso. Determinados por la improvisación y reacciones coyunturales, se han elaborado y ejecutado veinticuatro planes de seguridad: preventivos, represivos y mixtos.
El 23 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro en su programa número 69, Contacto con Maduro, transmitido desde el Cuartel de la Montaña 4F,explicó que el Gobierno iniciaba la implementación de un programa especial para optimizar tres puntos focales de la seguridad ciudadana: el Plan Patria Segura, como un “nuevo” sistema de patrullaje y protección del pueblo; los Cuadrantes de Paz y la línea telefónica 911, que deben funcionar bajo una visión integradora del trabajo del Ministerio del Poder Popular para Interior Justicia y Paz, la Policía Nacional Bolivariana y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y, en tercer lugar, el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo, mejor conocido como las OLP, para enfrentar “de manera preventiva” todas las bandas criminales “paramilitarizadas” que están en el territorio nacional y desarticularlas.
Una política de seguridad ciudadana no debe ser implementada al estilo “como vaya viniendo vamos viendo”. El objetivo principal debe estar orientado a elaborar y aplicar un sistema coherente de política criminal basado en la investigación científica que permita identificar las causas del delito y la adopción de medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad.
Para minimizar la violencia se debe ejecutar una política de seguridad sustentada en el control y la prevención del delito y la violencia, que asegure la rendición de cuentas, y el respeto de los derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad.
El 2016 fue un año sangriento para el país. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculó 28.479 asesinatos durante el año 2016, lo cual constituye una tasa de 91,8 muertes violentas por cada 100.00 habitantes. El indicador elaborado por los más calificados expertos de cinco universidades nacionales revela que estamos ante una desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave a la sociedad. Esta cifra supera el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha considerado que una tasa mayor a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es una epidemia.
Lo más grave es que el gobierno, del mismo modo que lo ha hecho con los indicadores de salud, insiste en esconder las estadísticas de la criminalidad. Si desistiera del secretismo como política de Estado, la sociedad civil pudiera incorporarse proactivamente en los planes de seguridad. Pero no, el gobierno insiste en la opacidad, como si la tragedia que implica la pérdida de seres queridos o el temor fundado a ser la próxima víctima no fuera parte de la cotidianidad de los venezolanos.
El diagnóstico preciso, sobre la base de estadísticas confiables, es la base de una política de seguridad ciudadana integral, con énfasis en la prevención del delito y suficientes garantías de respeto de los derechos humanos. Lamentablemente el Estado venezolano, torpe e inútilmente, no da el primer paso en este sentido. Pero la epidemia está allí, consolidada, carcomiendo la sociedad y causando terror y dolor a diario.
@jesusollarves