La declaración del abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro declarada este lunes por la Asamblea Nacional, “es una acción más política que de efecto jurídico” según las consideraciones de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez.
La jurista sostiene que no es coherente utilizar el Derecho para luchar contra un gobierno no democrático y más cuando desde el parlamento se ha dicho a la población y al mundo que en Venezuela no hay democracia.
Sosa señaló que en el contenido de la declaración no se produjo el llamado al poder electoral para convocar a comicios presidenciales.
“No creo que la Asamblea esté convencida que porque decretó la falta absoluta, de hecho esa se va a producir, y la razón por la cual yo puedo sostener eso, es porque si la Asamblea hubiese estado convencida de que su decisión se iba a ejecutar, hubieran notificado al Consejo Nacional Electoral diciéndole procédase a la convocatoria en 30 días para elecciones presidenciales y tenga la bondad el presidente ejecutivo, llámese como se llame, preséntese a la Asamblea Nacional para juramentarse como Presidente para que se mantenga en el cargo durante los 30 días hasta que se produzca la elección del nuevo presidente”.
Cecilia Sosa enfatizó que el tema del abandono del cargo de acuerdo a la constitución de 1999, es una causa de falta absoluta del presidente de la república y que solamente la Asamblea Nacional tiene competencia para generar esa declaratoria.
Explicó que la responsabilidad de un presidente es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los venezolanos. “Expresamente, no es algo que se interprete, esa es su función primordial, garantizar mediante políticas públicas la garantía de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, todo el cúmulo de derecho personales, civiles, patrimoniales, económicos”.
Cómo propuesta para salir de la crisis considera que este 2017 es el año de la organización de la sociedad civil, inclusive los que no están viviendo en Venezuela. Recalcó que la soberanía reside en el pueblo, y que a través de ella se podría convocar elecciones generales sin pasar por el árbitro electoral..
“El poder lo tenemos nosotros, y digo nosotros por identificar al ciudadano que tiene derechos, y que por mucho que estemos dentro de un sistema que ha caído en una dictadura, en una represión, en un punto único, en una situación de descontrol, de falta de conducción política del país, el ciudadano va a tener que tomar cartas en el asunto, más allá de lo que una organización de partidos como la MUD puede hacer”.
Resaltó que la organización ciudadana tiene que encontrar un objetivo que movilice tal como se hizo para el referendo revocatorio, que a su juicio, fue “enfriado por la oposición”, y no asumido o rechazado por el gobierno.
“El momento en que entra la santa sede a la necesidad de un diálogo, fue lo que origina en definitiva esa especie de enfriamiento de la movilización social, nosotros tenemos que encontrar como ciudadanos un objetivo político y no hay duda que el objetivo está en un cambio”. Expresó
La Ex presidente de la antigua Corte Suprema recalcó que con el poder que tiene la ciudadanía es perfectamente factible que los venezolanos se organicen sin pasar por el Consejo Nacional Electoral.
“Yo creo que de repente podemos consultarnos si queremos unas elecciones generales dentro de los próximos tres o seis meses, en el momento de que ese sí de la consulta se realice”.
Explicó que dentro de la exposición de motivos para llevar a cabo esta propuesta es que “el poder constituyente del pueblo nunca cesa, y ese poder constituyente que fue capaz de hacer una consulta y preguntarle a la gente si quería o no querían una asamblea Nacional Constituyente, es el mismo poder que tendríamos hoy para preguntarnos si queremos o no queremos unas elecciones generales, aun cuando la constitución expresamente no consagre esas elecciones generales”.
Sobre el poder judicial señaló que “la cúspide” está llena de una cantidad de personas que difícilmente llenan los requisitos para ser magistrados, que no hay concursos para jueces, y que todos los jueces están puestos a dedo. Manifestó que el peor ejemplo, “es que el Tribunal Supremo depende de las instrucciones del Presidente de la República”.
Por último, expresó que todos aquellos que haya ocupado cargos dentro de los diferentes poderes de la nación que hayan cometido delitos, o que les compruebe la perpetración de hechos punibles, tienen que ser juzgados y ser sancionados como corresponde de acuerdo a la ley. Se refirió en especial a aquellos Magistrados “que piden que les paguen por sentencia”.
Recordó que la constitución de 1999 estableció que los temas de corrupción no prescriben.
Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina