El Ministerio del Interior de Israel violó sus propias regulaciones al prohibir recientemente la inmigración al país de tres familias venezolanas convertidas al judaísmo en 2014, denuncia hoy el diario Haaretz basándose en documentación confidencial que obtuvo de las autoridades. EFE
El caso, que el diario dio a conocer la semana pasada, afecta a nueve venezolanos a los que Interior negó el derecho a acogerse a la llamada “Ley del Retorno” por considerar que no estaban suficientemente ligadas a la comunidad judía de su país, tras la conversión que realizaron con un rabino de la corriente conservadora.
Según el diario, la documentación obtenida demuestra lo contrario, y que las tres familias sí formaron parte de la pequeña comunidad judía de la ciudad venezolana de Valencia.
La “Ley del Retorno”, aprobada en 1950, establece el derecho automático de emigración a Israel para cualquier persona que tenga al menos un abuelo judío, y en el caso de personas convertidas al judaísmo que hayan completado el proceso frente a la corte rabínica de una comunidad organizada en la diáspora.
Además, en este segundo caso, les exige la pertenencia a esa comunidad durante al menos 18 meses.
Las tres familias, de la ciudad de Maracay, eran miembros de su comunidad desde junio de 2015, lo que en la práctica les concedería el derecho de acogerse a la Ley del Retorno.
La semana pasada el Ministerio de Interior dijo haber comprobado que los nueve “no pertenecían antes de su conversión a ninguna comunidad judía y no tomaron parte en la vida comunal ni antes ni después de su conversión”, pese a que posteriormente se unieron a la comunidad de la cercana ciudad de Valencia.
Las comprobaciones las realiza el Ministerio para confirmar que la conversión es válida desde el punto de vista religioso y legal, y que no viene motivada por intereses de tipo económico, dijo a Efe una fuente autorizada la semana pasada.
Las tres familias que piden que se revise su caso y que se les conceda la posibilidad de emigrar, habían alegado que estaban enfrentándose a enormes dificultades debido al deterioro económico, social y político que vive Venezuela, lo que aparentemente despertó la sospechas del Ministerio.