A nadie sorprende el cinismo de este gobierno de golpistas convictos y confesos, acusando de subversión a una oposición que sólo pide elecciones para superar la crisis. La idea de contarse les aterra y para evitar tal posibilidad, optan por la represión contra diputados y líderes opositores. Tampoco sorprende que el gobierno más corrupto del planeta, intente montarle una olla al Gobernador Henrique Capriles y pretendan inhabilitarlo políticamente. ¿Le tienen miedo? Ya decía Michel de Montaigne que “la cobardía es la madre de la crueldad”. En fin, nada sorprende de este gobierno mentiroso, inepto, inmoral y con una infinita vocación delictiva. Lo que sorprende es que la decisión soberana de la Asamblea Nacional (AN) declarando que Nicolás Maduro abandonó del cargo, sea cuestionada por algunos opositores utilizando argumentos leguleyos en un país donde el régimen viola permanentemente la constitución y los DDHH, manipula el sistema judicial, amedrenta a la población y por si fuera poco, ha hecho todo por desconocer a ese parlamento que los venezolanos elegimos. No se trata de justificar lo ilegal pues se han expuesto ampliamente los argumentos jurídicos para esta decisión. Sino de entender que ella ha sido tomada en base a los criterios legales del parlamento y debatir cualquier discrepancia, es legítimo pero solo tiene pertinencia en un país donde prevalezca el Estado de Derecho. Esa discusión no tiene sentido, a menos que usted crea que estamos en una democracia. En todo caso, nadie entiende el furor de esos grupos -minoritarios, por fortuna- al oponerse a la iniciativa. Lo único que les falta es acudir junto a Nicolás Maduro al TSJ.
Otros esgrimen que la medida es “ineficaz e inejecutable”. Tener dudas sobre el resultado de esta ruta que ha asumido la unidad democrática es comprensible pues la incertidumbre es el signo de estos tiempos. ¿Acaso en dictadura puede alguien predecir el resultado de algo? Cualquier iniciativa que plantee la oposición será declarada inconstitucional por el inmoral TSJ, por eso el valor de esta resolución de la AN es político, no jurídico. En dictadura no hay iniciativa eficaz sin respaldo popular y ninguna medida es ejecutable sin presión social e internacional.
Si el gobierno ha insistido en desconocer a la oposición y a la AN, obviamente el país terminará desconociendo al gobierno. ¡Hacia allá vamos! ¿O hay otra alternativa? Ya agotamos la vía del diálogo, pagando un alto costo pero reafirmando nuestro talante democrático y desnudando al régimen ante el mundo. Luchamos por el Revocatorio pero nos robaron ese derecho constitucional y amenazan con no hacer más elecciones. Es el gobierno quien ha frustrado la ruta electoral. En este contexto, el abandono del cargo es sobre todo es un recurso político de las fuerzas democráticas para exigir unas elecciones generales, estos comicios son en definitiva el objetivo. Ese dictamen del parlamento -antes de la mitad del periodo- es un punto para apalancar la movilización popular pero también es la base constitucional para declarar la vacante absoluta que activa la convocatoria de elecciones. La conclusión es obvia: a los demócratas nos corresponde acompañar en las calles –sin violencia pero con firmeza- la decisión del único poder legítimo que queda en Venezuela. Solo así derrotaremos a la dictadura.
Twitter: @richcasanova
(*) Dirigente progresista / Vicepresidente ANR del Colegio de Ingenieros de Vzla.