La historia comienza con un simple juez en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná en Brasil. Se trata de Sérgio Moro, quien en marzo de 2014 emprendió la investigación conocida como Lava Jato. Era una compleja red de sobornos distribuidos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras. El esquema tenia como actor principal al holding privado de petróleo y construcción Braskem-Odebrecht, esta última la empresa constructora más grande de América Latina.
Odebrecht era una cancillería paralela; el mercantilismo casi en estado puro. Con operaciones en todo el continente americano y en África, sus contratos de obra pública en otros países eran parte central de la política exterior de Brasil. Recuérdese la presencia de Marcelo Odebrecht, hoy cumpliendo una condena de 19 años, en la inauguración del puerto de La Habana en enero de 2014. En su discurso, la presidenta Rousseff destacó al presidente de la compañía tanto como a Raúl Castro y los otros mandatarios presentes.
Aquel evento fue una placa radiográfica del caso, la metáfora de algo más profundo. Es que la investigación de Moro documentó 10 mil millones de dólares como valor de regreso al fisco y produjo miles de allanamientos, 120 condenas en primera instancia, cientos de acuerdos de delación premiada a arrepentidos, 1.000 millones de dólares bloqueados por la justicia, el procesamiento y encarcelamiento de funcionarios, políticos y ejecutivos.
El dedo de Moro empujó la primera ficha de este dominó. Entre las consecuencias políticas más serias se incluyen tres causas contra Lula y su familia, cuya primera sentencia se espera en marzo; el impeachment y destitución de Dilma; y luego la remoción y encarcelamiento de quien presidió aquel proceso en la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Hoy, todo ello amenaza la estabilidad del presidente en ejercicio, Michel Temer.
Pero también se trata de un dominó con ramificaciones internacionales y con un final por demás incierto. Ocurre que Odebrecht se declaró culpable y entabló un acuerdo con autoridades judiciales en Estados Unidos y Suiza por 3.500 millones de dólares en multas. Ello por haber sobornado a funcionarios de una docena de gobiernos en África y América Latina por más de 788 millones de dólares.
El caso se halla bajo jurisdicción del distrito de Nueva York—que hizo mención a la existencia de una unidad autónoma, suerte de “Departamento de Coimas” dentro de Braskem-Odebrecht—y contenido por el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, ley de Estados Unidos que se aplica con importantes grados de extra-territorialidad.
El monto del acuerdo sería el más alto de la historia e incluye a 77 ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a cooperar con la justicia bajo la figura de arrepentimiento. Se especifica que los arrepentidos deben colaborar con el juzgado, la oficina del fiscal y la división de fraude del distrito de Nueva York en todo lo que se les indique, incluyendo divulgar la identidad de los funcionarios sobornados.
Dichos nombres no se han dado a conocer. No todavía, dicen los expertos, pero aseguran que ocurrirá. Sí se ha dado a conocer la lista de doce países, la operatoria y los montos de las coimas: 35 millones de dólares en Argentina, 29 en Perú, 33.5 en Ecuador y 92 en la República Dominicana, por citar solo cuatro ejemplos.
Cuando se conozcan los nombres de los corruptos habrá funcionarios de gobiernos nacionales, estaduales (o provinciales) y municipales. Odebrecht tenía una estrategia eminentemente política. Conocía qué decisiones se tomaban a qué nivel, es decir, los tipos de obra pública que pertenecían a diferentes instancias del Estado.
El caso ilustra la lógica política en este proceso. He sugerido con anterioridad analizar la corrupción como forma de dominación, o sea, como régimen político. Es que ya no se trata de un simple funcionario que paga un sobreprecio para quedarse con la diferencia. Lo nuevo es la transnacionalidad de la corrupción, la magnitud de los recursos involucrados y su capacidad de capturar—literalmente—la política.
Es el poder lo que está en juego en esta historia, es decir, el control del Estado. En la América Latina reciente ello se lograba sobre el trípode de boom de precios (o sea, recursos excesivos), corrupción y perpetuación. Pero se vive un tiempo diferente. El cambio de precios ha desacelerado la economía, reduciendo la tolerancia social a la corrupción y haciendo la reelección indefinida más difícil.
El gran desafío de América Latina hoy es quitarle la política a la corrupción para tener democracia. Para que ello ocurra, probablemente antes deban caer todas las fichas de este dominó.