Luego de la polémica y tan discutida sesión de la Asamblea Nacional, en donde el bloque opositor acordó decretar el abandono de cargo del Presidente de la República, hemos podido ver a opinadores de oficio, que dicen ser de “oposición”, ocupar su tiempo y esfuerzos en desprestigiar la decisión y pretender restarle importancia -y con esto credibilidad- a quienes la impulsaron.
Nuestra Carta Magna abarca todos los mecanismos para que el pueblo venezolano juzgue y decida sobre el desempeño de las funciones presidenciales, y también prevé las fórmulas para que la Asamblea Nacional ejerza una controlaría en cuanto al cumplimiento de las funciones del ejecutivo nacional.
Es cierto que la forma por excelencia para que decidamos sobre el desempeño de las figuras electas para ejercer las funciones ejecutivas de gobierno, se llama Referendo Revocatorio; y cuando hay un cese en las funciones de éstas podemos hablar de abandono del cargo o faltas (absolutas o relativas).
Todos sabemos que la iniciativa de revocar al presidente por vía refrendaria fue secuestrada -de manera ilegal e inconstitucional- por tribunales que ni siquiera son competentes para conocer en la materia, y que nuestro compromiso con toda Venezuela nos exige decisiones políticas que estén a la altura de la situación.
El abandono del cargo presidencial es una decisión política, que para nada se encuentra fuera del basamento constitucional ni mucho menos se escapa al verdadero espíritu del constituyente, quien impone en el texto constitucional, específicamente en el artículo 350, la obligación ciudadana de desconocer cualquier poder que vaya en contra de la democracia y del hilo constitucional.
Nuestro compromiso con las futuras generaciones va más allá de cualquier cosa. Retomar el hilo constitucional y restablecer la democracia en Venezuela es una tarea de todos, y cuando requiera medidas no convencionales, estas deberán ser tomadas, pues el país entero está en riesgo.