El presidente Nicolás Maduro ordenó un régimen “excepcional” de jubilaciones para los trabajadores de la Cancillería, que se aplicará “previa solicitud del interesado o aún de oficio” si cumplen estos requisitos: 1) Que haya prestado más de 12 años de servicio en la Administración Pública; y 2) Que posea una edad igual o mayor a 45 años en caso de ser mujer o una edad igual o mayor a 50 años en caso de ser hombre.
La clave de la disposición ejecutiva que tiene en sus manos la ministra Delcy Rodríguez se encuentra en su cuarto considerando. Allí establece lo siguiente: “Es necesario impulsar nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos del servicio exterior, comprometidos con la función pública, el país y la Revolución Bolivariana”.
“Esas jubilaciones parecen dirigidas al grupo de funcionarios que ellos identifican como parte de la llamada cuarta república. En mi opinión, buscan terminar de una vez por todas con la carrera”, critica un diplomático del MRE, que prefiere resguardar su identidad mientras termina de recoger los papeles de su escritorio para marcharse.
El chavismo lleva, al menos, 12 años tratando de colonizar todos los espacios de la Cancillería. En junio de 2005, la prensa local reseñó la existencia de un curso de formación “exprés”, dictado en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, que en cuestión de semanas preparaba a profesionales para asumir tareas en el servicio exterior.
“Cada uno de los nuevos funcionarios viene con formación política e ideológica”, declaró en aquella oportunidad William Izarra, para entonces viceministro de Asia, Medio Oriente y Oceanía. Por esos días, ante el temor de que la reforma de la Ley Orgánica de Servicio Exterior que discutía la Asamblea Nacional desembocara en una razia interna, la viceministra para Europa del momento, Delcy Rodríguez, indicó: “No se trata de posicionamientos políticos, se trata de que existen cargos de confianza y eso está establecido perfectamente en las leyes administrativas que rigen la función pública, señalando la existencia de nombramientos de libre remoción y de confianza”.