La Defensoría del Pueblo y el Acnur recopilaron información sobre las necesidades existentes y la oferta institucional disponible para la atención a las comunidades ubicadas en zonas de frontera, teniendo en cuenta los distintos perfiles migratorios de quienes están en tránsito o residen en estas regiones. El informe incluyó un trabajo de campo en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y la realización de 4.153 encuestas a la población.
Nota de prensa
El Informe reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones nacionales y locales en materia de atención, asistencia y reparación integral, persisten brechas en el acceso de las víctimas del conflicto armado a la oferta institucional, y en la protección de sus derechos fundamentales para la prevención y mitigación de los riesgos asociados al conflicto armado y los flujos migratorios irregulares, tales como desplazamiento forzado, tráfico y trata de personas, dificultades para el acceso a la documentación y a condiciones dignas de recepción en el país de acogida, afectaciones al derecho a la vida, abandono o despojo de bienes inmuebles, y riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
El Informe resalta una especial preocupación por la situación de las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en zonas de frontera, pues a pesar de la existencia de un desarrollo normativo y jurisprudencial para la protección y supervivencia de los grupos étnicos, el gobierno colombiano debe hacer más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a dichas comunidades, incluyendo el mejoramiento de sus condiciones de vida, la protección física y cultural, la protección al territorio y el fortalecimiento del gobierno propio.
Para la Defensoría del Pueblo y el Acnur, el Gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos locales ha hecho importantes esfuerzos para avanzar en una Política Nacional de Fronteras, reforzando el contenido del Plan de Desarrollo Nacional y sus líneas de acción, pero es evidente que las instituciones en zonas de frontera requieren un fortalecimiento para la implementación de políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales, la superación de la pobreza extrema y la satisfacción de necesidades básicas que en algunas zonas se encuentran por debajo del promedio nacional en temas como vivienda, alimentación y generación de ingresos.